Pojoaju Asociación de ONG's del Paraguay
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La Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo considera que el juicio a campesinos por la “masacre de Curuguaty”, constituye un caso grave de violación de derechos humanos y sobre todo una muestra más de la criminalización de las luchas sociales en demanda del acceso a la tierra y a una vida digna.
El conflicto ocurrió el 15 de junio de 2012, en una intervención fiscal-policial para desalojar a campesinos que ocupaban un predio de tierras del Estado, conocido como “Marina Kue” y que estaba en disputa judicial por el ex senador colorado Blas N. Riquelme. En esa ocasión perdieron la vida 17 personas, 11 campesinos y 6 efectivos policiales, conflicto que luego desembocó en el juicio político y destitución del entonces presidente Fernando Lugo.
El proceso, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, a los campesinos acusados de la matanza desnuda, una vez más, la falta de imparcialidad de estas instituciones del Estado que deberían ser más bien garantías del respeto al debido proceso que rige en todo Estado de Derecho.
Las actuaciones negligentes e ilegales y de mala fe de la fiscalía en la investigación de los hechos, así como la criminalización de la lucha por la tierra, el derecho a la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia, que se observaron durante este tiempo, violan claramente el derecho al debido proceso que debe gozar todo ciudadano paraguayo.
Las reivindicaciones por el derecho a la tierra en nuestro país han generado siempre violencia contra campesinos por parte de grupos poderosos, casi siempre amparados por agentes del Estado. Tal es así que desde 1989 al 2013, las estadísticas señalan que 124 militantes de organizaciones de labriegos han perdido la vida. Luego de la “masacre de Curuguaty”, perdieron la vida otros nueve campesinos. Es más, solo a través de la ocupación organizaciones campesinas han logrado llamar la atención de las autoridades nacionales a sus reclamos.
La Red Rural exige la aclaración de los hechos que ocasionaron el conflicto, así como un juicio justo no contaminado con intereses políticos que culminen finalmente condenando a personas inocentes.
RED RURAL DE ORGANIZACIONES PRIVADAS DE DESARROLLO
Julio 2016
