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Democracia avasallada y terrorismo de Estado marca un grave retroceso en Paraguay

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A raíz de los hechos que son de público conocimiento y que afectan gravemente a la República, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), manifiesta cuanto sigue:

1. Rechazamos enérgicamente el grave atentado a la institucionalidad democrática que se ha profundizado y acelerado en los últimos días en el Paraguay, y que tiene expresión concreta en el avasallamiento del Congreso y sus autoridades, en el atentado que tiene herido de bala a un Diputado, en la omisión de las fuerzas públicas a la hora de proteger de la quema y destrucción la sede del Poder Legislativo, así como en el allanamiento, sin orden judicial, de un partido político por agentes de la policía nacional, durante el cual, se dio muerte a un dirigente juvenil en lo que sería una ejecución extrajudicial, acto de barbarie que no podemos sino calificar como Terrorismo de Estado, considerando que  a este hecho se suman las detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas que se han registrado masivamente.

2. La situación que vive el país, es resultado del progresivo deterioro y vaciamiento institucional y democrático denunciado desde hace varios años por la Codehupy en sus diversos informes, originado en la ambición desmedida de poder, la falta permanente de respeto a la Constitución de la República y la denegación estructural de derechos  que vulnera cotidianamente los de derechos de ciudadanía a un amplio sector de la población, por un Estado que renuncia a garantizarlos en función a la preservación de los intereses sectorial y de grupos que los gobiernos de turno promueven y defienden, por encima del estado de derecho.

3. Asimismo, denunciamos como inaceptable la falta de garantías a la ciudadanía que durante toda la noche de ayer y la madrugada de hoy experimentó la desprotección a la que fue sometida, por el abandono de sus funciones por las fuerzas policiales en la Capital, con el resultado de la vulneración a la libertad, integridad física, derecho de circulación y seguridad, asociados al daño y robo del patrimonio de numerosas personas y familias. En ese sentido, hemos registrado que al menos 211 personas han sido detenidas, la mayoría de manera presuntamente arbitraria, siendo también víctimas de torturas, malos tratos y robos por parte de la policía. Asimismo, varias mujeres detenidas han denunciado haber sido obligadas por las fuerzas públicas a desnudarse.

4. La Codehupy, exige a todas las autoridades políticas del Congreso y el Poder Ejecutivo, que no interfieran en la labor del Ministerio Público y el Poder Judicial, a cuyos magistrados exigimos la realización de una investigación completa e imparcial para sancionar ejemplarmente a los agentes estatales que sean responsables de los crímenes cometidos durante los eventos el día de la víspera, en particular, la presunta ejecución extrajudicial del dirigente del PLRA Rodrigo Quintana.

5. Por último, a la luz de los acontecimientos en curso, al tiempo de exigir el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos, exigimos de igual modo, el cese inmediato de las acciones políticas encaminadas a promover la modificación de la Carta Magna, que más allá de la discusión relativa a su procedencia en el plano formal, en la coyuntura deviene arbitraria y carente de toda legitimidad.

Asunción, abril 1 de 2017

Por la Coordinación de Turno,

Mirta Moragas, Coordinación de Mujeres del Paraguay; Raquel Samudio, Enfoque Territorial; y, Fernando Rojas, Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana.

Oscar Ayala Amarilla

Secretario Ejecutivo.

Acerca Comunicación Pojoaju

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