Pojoaju Asociación de ONG's del Paraguay
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La abogada Julia Cabello Alonso, Coordinadora Ejecutiva de Tierraviva, fue sumariada en base a una insólita denuncia promovida por la Dra. Gladys Bareiro de Módica, Ministra de la Corte Suprema de Justicia, por cuestionar su actuación como Presidenta de la sala constitucional al momento de pronunciar un fallo que contiene una grave violación de garantías judiciales, como ser la prohibición de doble juzgamiento, en una causa que afecta a los derechos de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa.
Aunque la Constitución de la República diga que “la crítica de los fallos” es libre -refiriéndose a las resoluciones judiciales-, para la Ministra Bareiro esto es una falta disciplinaria, interpretación arbitraria e inadmisible que se torna en una grave violación del derecho a la libertad de expresión, así como de la obligación de garantizar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, en el presente caso.
La Ministra Bareiro, conforme fuera denunciado públicamente, admitió el trámite de una segunda acción de inconstitucionalidad mediante la cual se pretende volver a juzgar una cuestión ya resuelta, a petición de las empresas que fueron objeto de expropiación de las tierras que deben ser restituidas a los enxet de Sawhoyamaxa, por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este grave hecho, proveniente de la máxima instancia judicial, comporta no solamente la violación continuada de los derechos indígenas, cuya reparación integral sigue esperando, sino la seguridad jurídica de toda República, en razón al inaudito menoscabo del carácter irrecurrible de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia al cual estamos asistiendo.
La arbitrariedad ejercida instintivamente por quienes se empeñan en destruir aún más la desteñida imagen del Poder Judicial, siempre en deuda con la ciudadanía y la democracia, no arredra nuestra decisión de seguir trabajando por un Paraguay decente, comprometido con los principios y valores de derechos humanos. Es por ello que rechazamos como inadmisible en un democracia cualquier amedrentamiento a los defensores y defensoras de derechos humanos, y exigimos, consecuentemente, el cese y anulación del trámite sumarial en curso en contra de la abogada Julia Cabello Alonso, así como el respeto integral del Acuerdo y Sentencia N° 981 del 30 de septiembre de 2014, que ratificó la constitucionalidad de todos los artículos de la ley de expropiación promulgada a favor de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, de tal modo a evitar lo que sería un vergonzoso escándalo jurídico, cuyas imprevisibles consecuencias son difíciles de mensurar en este momento.
Asunción, abril 10 de 2015
Por Tierraviva,
Rodrigo Villagra Carron Oscar Ayala Amarilla
Presidente del Directorio Coordinador del Área de Casos y Litigios
