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En abril de este año, a partir de la publicación de un comunicado a la opinión pública emitido por la empresa mayorista-minorista Casa Grütter, se generó un debate significativo que permitió entrever la dinámica empresarial real en el país. Lo que denunció la mencionada casa comercial fue que varios de sus proveedores se veían forzados a dejar de venderles salvo que aumentaran los precios de venta de sus productos, porque si no lo hacían, otros clientes dejarían de comprarles a ellos. Casa Grütter no especificó quiénes eran los que presionaban a los proveedores. Fue la Asociación de Consumidores del Paraguay (ASUCOP) la que aclaró que eran las grandes cadenas supermercadistas las que imponían esta práctica ilegal. Esto fue confirmado por varios comerciantes de la zona de Garibaldi, del Mercado de Abasto y de pequeños y medianos supermercados, quienes denunciaron en medios de prensa las presiones y extorsiones similares que les afectaban.