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Comunicado de la REDESPI sobre las tierras de Unión

La Red de Entidades Privadas al servicio de los Pueblos Indígenas (REDESPI), ante la inminente adquisición de tierras no aptas para asentamiento de comunidades indígenas, ubicadas en el distrito de Unión, departamento de San Pedro, manifiesta cuanto sigue:

Que, las tierras ofertadas en el distrito de Unión, con una superficie de 7862 hectáreas, no son aptas para el asentamiento de comunidades indígenas, debido primeramente a que no constituye el hábitat tradicional de los grupos a ser reubicados en el lugar, planteándose como una simple transacción inmobiliaria sin trámites jurídico/administrativos de sustento a derechos.

En segundo lugar, las tierras a ser adquiridas por parte del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), no cuentan con la calidad suficiente para convertirse en asentamiento humano ni para el desarrollo de actividades agrícolas, pues los inmuebles ofertados son inundables en la mayor parte de su extensión, lo que acarreará graves inconvenientes en épocas de lluvias continuas.

En tercer lugar, se ha procedido a la sobrevaloración de las tierras ofertadas, pues el precio de venta es muy superior, tanto a lo pagado por el propietario apenas un par de años atrás, así como a los resultados de la tasación y avalúo efectuado por la Institución estatal encargada de la realización de tales actividades, es decir, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Raramente, con posterioridad a diversos informes técnicos que determinaban que las tierras no son aptas, en la actualidad se ha dado un giro a la situación, convirtiéndose los referidos inmuebles en “modelos de asentamiento indígena”, constituyéndose en inexplicable el hecho, pues en unos pocos meses, las propiedades ofertadas pasaron de ser prácticamente inservibles a inmuebles que constituirán una próspera ciudad indígena.

 

Asombrosamente se pretende ahora apurar esta adquisición, rompiéndose asimismo acuerdos de priorización trabajosamente ensamblados en el pasado reciente entre varios actores, primordialmente las organizaciones indígenas, para la restitución de tierras largamente tramitadas, hoy nuevamente en el olvido, quienes en su momento también se han pronunciado en forma negativa hacia la compra de las tierras de Unión.

Asimismo, es sumamente relevante analizar el aspecto antropológico, puesto que no sería apropiado ni conveniente, que grupos heterogéneos convivan en un mismo lugar, pues esto generaría conflictos entre clanes, lo que acabaría indubitablemente en una problemática social, que será la migración a las ciudades, con todos los inconvenientes que ello acarrea, produciendo un desarraigo y alteraciones en sus pautas tradicionales de vida.

En este apartado, cabe citar al experto indigenista Padre Bartomeu Meliá, quien en una publicación periodística manifestó muy acertadamente, entre otras consideraciones, cuanto sigue, “… Melía explica que otro de los argumentos en contra es la dificultad que generará la convivencia entre indígenas, de trayectorias culturales e históricas diversas que pueden dificultar el mutuo entendimiento y cooperación al tener que compartir espacios comunes. Señaló que en este caso no hay ningún factor que avale una convivencia exitosa, incluso peor si se suma la intención de introducir en el terreno a grupos de campesinos sin tierra, cuya presencia en otras comunidades indígenas ha sido siempre nefasta, no por otra razón que por las diferencias en sus sistemas de vida, cultura y economía”.[1]

Si se llegase a efectivizar la adquisición de estas tierras, se ocasionará un perjuicio irreparable para los Pueblos Indígenas, teniendo en consideración que inmuebles que constituyen verdaderos territorios indígenas y que se encuentran con trámites culminados serán dejados de lado al no ser adquiridas por el INDI, no llevándose a cabo la restitución de territorios ancestrales.

Por todo lo expuesto, exigimos a los altos funcionarios públicos que reviertan esta situación, dejándose al margen intereses puramente particulares o sectoriales, debiendo prevalecer el interés general constitucionalmente tutelado, en este caso, de nuestros hermanos indígenas, habitantes ancestrales de lo que hoy constituye nuestro Paraguay. A dicha postura de la REDESPI, se suman también las organizaciones indígenas, como la Federación de los Pueblos Guaraní de la Región Oriental y la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas – FAPI.

Atentamente,

Teresa Vargas              Hna. Raquel Peralta            Julia Cabello

TEKOHA                         CONAPI                          TIERRAVIVA

Jorge Vera                    Emilio Caballero             Floriana Alcaraz

GAT                                   SAI                           OGUASU

 


[1] “Diario Ultima Hora”. Edición Sábado 10 de noviembre de 2012, página 2, sección Política.

14/11/12

 

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