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La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME 2013) en Paraguay se realiza a través de actividades diversas además del inicio de una investigación que permitirá conocer cuán arraigados están los enfoques de no violencia, derechos humanos y cultura de paz en la educación primaria y secundaria.
La SAME es una iniciativa internacional que en Paraguay se realiza desde 26 de abril hasta el 4 de mayo. A través de numerosas actividades, contribuye a instalar la discusión pública sobre el derecho de todas las personas a recibir una educación de calidad, entendiéndose este concepto como una educación respetuosa de las culturas y que promueva la libertad y dignidad humana además de los valores democráticos. De esta manera, el modelo educativo contribuirá a un necesario cambio social.
En paralelo, durante todo el mes de mayo y en varios puntos del país se realizará la “Consulta para la Paz, la Convivencia Democrática y de Derechos Humanos en el Paraguay”, promovida por el Foro por el Derecho a la Educación en articulación con la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) con el objetivo contribuir al desarrollo de políticas educativas con perspectiva de derechos humanos.
La investigación está a cargo de la experta en educación, Diana Serafini, quien realizará un estudio exploratorio a nivel país para comprender en qué medida el enfoque de derechos humanos está formando parte de la política educativa nacional. “Queremos saber cómo el Estado está educando para la paz, para la vida en democracia y el respeto a los derechos humanos entre todas las personas”, explica.
Uno de los aspectos que se va a indagar es cómo se forman los docentes en estos 3 ejes temáticos. “Si bien vamos a tener datos científicos al final de la consulta, mi intuición a partir de la experiencia es que hay mucho por hacer en materia de formación y capacitación de docentes en derechos humanos, convivencia democrática y educación para la paz. En algunas áreas ha habido buenas iniciativas. Experiencias sumamente valiosas pero si pensamos en una población de 70.000 docentes, haber alcanzado a 50 o a 100 es una cifra mínima y si además no hay condiciones para que la gente capacitada pueda expandir, el beneficio queda sólo para un grupo pequeño”.
Los resultados de esta investigación servirán para la conformación del Observatorio Regional de Educación Inclusiva en el que participarán varios países de América Latina y el Caribe con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de Estados Iberoamericanos (0EI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
