Las últimas semanas han sido una demostración palpable de los efectos de la crisis climática, el país incendiado con más de doce mil focos de calor, ciudades tomadas por el humo y el calor extremo superando marcas históricas. Mientras el país se conmueve con las escenas dantescas de la emergencia climática, los sectores de poder intentan desviar la atención del foco real del problema: el modelo de producción extractivista.
En esta ocasión la alianza cada vez más notoria entre sectores antiderechos, fundamentalistas religiosos, actores políticos de ultraderecha y gremios del agronegocio, intentó responsabilizar a sectores de izquierda y organizaciones no gubernamentales de estar detrás de los incendios. Esto bajo un supuesto plan para tratar de forzar la aprobación del Tratado de Escazú, un instrumento internacional que busca la protección ambiental mediante el acceso a la información pública, la justicia y la trazabilidad de la producción bajo estándares de respeto al medioambiente.
Desprovisto de toda lógica racional y de algún fundamento científico este relato en realidad intenta ocultar, y desviar la atención ciudadana, de la verdadera responsabilidad respecto a la emergencia ambiental que vive el país. El modelo de agronegocios se ha expandido en un 117% en los últimos 15 años, además en las últimas décadas de expansión de la frontera agrícola Paraguay perdió cerca de un cuarto de su masa boscosa, generando un daño ambiental prácticamente irreparable, alterando radicalmente la resistencia de los ecosistemas que hoy demuestran profundas debilidades.
A pesar del reiterado intento de sectores políticos vinculados al agronegocio de sostener un discurso negacionista del cambio climático, los datos muestran que el aporte del país al calentamiento global son alarmantes en términos de aporte por habitante, superando al aporte per cápita de países con mayor desarrollo industrial como Brasil o Argentina. La emisión de gases de efecto invernadero en Paraguay es responsabilidad, principalmente de la agricultura y la ganadería a gran escala, ya que sumados los procesos productivos del sector y la deforestación que provocan alcanzan el 83% de la contribución nacional al calentamiento global.
Estos datos sirven también para demostrar que no es la «inconsciencia ciudadana» la que provoca la actual emergencia ambiental; si bien la quema irresponsable de basura y otras acciones contribuyen a la gravedad de la situación, la masividad del fenómeno nos muestra que el mismo es provocado por condiciones meteorológicas que, si bien son cíclicas, son profundizadas por la crisis climática global a cuyos efectos nuestro país es sumamente vulnerable.
Finalmente, tampoco debemos dejar que la cortina de humo de los sectores de poder esconda tras de sí la falta de una gestión ambiental adecuada por parte del gobierno nacional y la carencia de una política pública que haga frente a los efectos de la crisis climática.
Asociada BASE IS, 6 de octubre de 2020.