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Desde que estalló la pandemia de COVID-19 en marzo, las autoridades de Venezuela, El Salvador y Paraguay han detenido a decenas de miles de personas en centros de cuarentena gestionados por el Estado, inadecuados y sin garantías suficientes frente a violaciones de derechos humanos, lo que puede ser constitutivo de malos tratos, y con el riesgo de que las detenciones sean arbitrarias; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.
En su nuevo informe, Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas, la organización documenta cómo, en tres países, las autoridades han sometido desproporcionadamente a personas migrantes y refugiadas, gente que ha vuelto a sus países de origen y comunidades de ingresos bajos a cuarentenas gestionadas por el Estado, a menudo en condiciones insalubres y a veces inhumanas, sin alimentación, agua ni asistencia médica suficientes, lo que puede constituir malos tratos. Las terribles condiciones tienden a convertirlos en espacios contraproducentes donde se corre el peligro de contraer COVID-19.
“En muchas partes del mundo, las autoridades han pedido a la población que se quede en casa o se ponga en cuarentena voluntariamente para atenuar el riesgo de contagio de COVID-19. Pero cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
A finales de agosto, según datos oficiales, las autoridades venezolanas han sometido a cuarentena a unas 90.000 personas que habían regresado al país tras quedarse sin empleo y sin casa en países vecinos como Colombia y Perú, y las han enviado a centros de confinamiento bajo control militar que son insalubres y, en ocasiones, inhumanos.
A finales de junio, las autoridades de Paraguay también impusieron la cuarentena a unas 8.000 personas, que en su mayoría habían regresado al país tras perder su trabajo en el sector informal del vecino Brasil debido a las medidas de confinamiento adoptadas allí con motivo de la pandemia.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos que están recluyendo a la población en centros de cuarentena gestionados por el Estado por motivos de salud pública que permitan de inmediato a organizaciones humanitarias y observadores independientes de derechos humanos el acceso a estos centros para que puedan comprobar si las condiciones, las garantías frente a malos tratos y la provisión de comida, agua y otros artículos se ajustan a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a las recomendaciones de la OMS sobre medidas de cuarentena.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos que están recluyendo a la población en centros de cuarentena gestionados por el Estado por motivos de salud pública que permitan de inmediato a organizaciones humanitarias y observadores independientes de derechos humanos el acceso a estos centros para que puedan comprobar si las condiciones, las garantías frente a malos tratos y la provisión de comida, agua y otros artículos se ajustan a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a las recomendaciones de la OMS sobre medidas de cuarentena.
