Asunción 16 de octubre 2020 (BASE-IS) La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que autoriza el uso de fondos provenientes de los 1.600 millones de dólares de endeudamiento asumido por el Estado para hacer frente a la pandemia de COVID-19 para el dragado de los ríos Paraguay y Paraná a fin de garantizar la navegabilidad de ambos cursos por parte de las grandes barcazas. El proyecto de Ley pasó a Cámara de Senadores donde deberá ser estudiado nuevamente, en caso de aprobarse pasará al Ejecutivo para la aprobación.
Lo aprobado por los diputados implicará el uso de 20 millones de dólares que debían haberse destinado a la atención de la crisis sanitaria y social provocada por la pandemia. La aprobación del proyecto se dio principalmente a pedido de gremios vinculados a la agroexportación – como la UGP, la ARP y otros- y en contraposición al dictamen de la Comisión de Obras Públicas que sugirió el rechazo de la propuesta.
El dragado de los ríos beneficiará principalmente a los agroexportadores y el costo terminará siendo asumido por toda la ciudadanía al tiempo de pagar la abultada deuda externa que solo en este año creció en más de dos mil millones de dólares llegando casi a los 11 mil millones de la moneda norteamericana.
Durante los últimos años la práctica del endeudamiento externo ha sido una constante por parte de los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, periodo donde la deuda pública prácticamente se quintuplicó alcanzando, aproximadamente, el 30% del Producto Interno Bruto.
Según un informe del año 2017 la gran mayoría de los fondos provenientes del endeudamiento externo utilizados en Obras se han destinado a favorecer al modelo extractivista dejando de lado obras que tengan un impacto social mayor y benefician, por ejemplo, a los pequeños productores que muchas veces no pueden sacar sus productos de sus comunidades por falta de caminos.
En el presente caso más de 20 millones de dólares serán utilizados para garantizar la salida de la soja favoreciendo a los grandes exportadores con una obra que deberá ser asumida por la ciudadanía.
Fuente: BASE-IS