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El Proyecto de presupuesto 2013 recientemente presentado por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo muestra un presupuesto que en monto global representa un incremento del 3,53% con respecto al del año anterior. Si bien, a nivel global no se verifica un cambio relevante, sí lo hay en la estructura interna del mismo, como se puede observar en el siguiente cuadro.
El proyecto presenta reducciones importantes en el gasto, con respecto al presupuesto aprobado 2012, de Administración Central del 13,32% y del Servicio de la Deuda Pública del 16,92%, permanecen casi al mismo nivel los Servicios de Seguridad y Servicios Sociales, mientras que aumenta casi el 70% la función de Servicios Económicos. De esta manera, se reduce el peso relativo de las funciones de Administración Gubernamental, Servicios Sociales y Servicios de la Deuda Pública, para incrementar el peso de los Servicios Económicos.
Cabe señalar en la función Administración Gubernamental, se encuentran los recursos destinados al Poder Judicial (incluye Justicia Electoral), Poder Legislativo, así como el financiamiento de la conducción superior y política del Poder Ejecutivo, por lo cual, dada la histórica participación del Poder Legislativo en aumentar los gastos burocráticos, la probabilidad que se revierta la citada reducción es alta en el momento del debate legislativo.
De la misma manera, otros riesgos que podrían cambiar el gasto total y su estructura son las demandas de aumentos salariales de funcionarios y funcionarias públicas, ya que este presupuesto no incorpora ningún aumento en tal sentido y las expectativas de diversos sectores de aumentar el gasto en defensa.
El argumento a favor del importante incremento en Servicios Económicos es la implementación de obras de infraestructura, que “contienen un fuerte impacto en la generación de empleo, dinamizando además otros sectores de la economía” (mensaje del Poder Ejecutivo). De los 2,2 billones de guaraníes adicionales, 1,7 billones se destinan a obras públicas, 28.000 millones a transporte y 8.000 millones a energía, combustible y minería. Hay que estar atentos si realmente estas obras contribuyen a aumentar el empleo y sobre todo a dinamizar la economía de la agricultura familiar campesina, sector que produce alimentos no sólo para la población rural, sino también para el sector urbano, garantizando el acceso a productos de consumo básico para la canasta familiar paraguaya. Si las obras van solamente a las zonas “sojeras”, urbanas o ganaderas, no contribuirán a disminuir la pobreza ni posibilitar oportunidades a comunidades aisladas.
La inversión social se mantiene y, a juzgar por el mensaje del Poder Ejecutivo, se debe a que “en los últimos años se ha incrementado sustancialmente el presupuesto de muchas instituciones que atienden estas políticas, sin embargo es necesario mejorar la eficiencia”. Aunque se da una baja inversión per capita en gasto social, se puede considerar que los recursos previstos se destinarán a mantener la cobertura actual de los programas sociales, salvo básicamente dos que se incrementan de manera sustancial: la pensión alimentaria de adultos mayores que incorpora a 22.000 nuevos titulares (tendencia prevista) y la asistencia alimentaria producto de la nueva ley que busca disminuir la desnutrición.
Dada la importancia que tiene el objetivo de disminuir el hambre y los compromisos internacionales asumidos en tal sentido con la ratificación de la Declaración del Milenio, estos recursos son fundamentales para las familias afectadas por la pobreza. En este sentido, el programa que se derive de la ley tiene que garantizar afectar a las causas principales de la desnutrición, teniendo en cuenta que la evidencia empírica sobre los casos exitosos en contextos similares al paraguayo señalan claramente que la distribución de alimentos es apenas uno de los instrumentos necesarios, no el único ni el principal. El poder de la madre sobre los recursos económicos del hogar y sus conocimientos nutricionales, el acceso a agua potable y a servicios de salud y la calidad de la vivienda son determinantes en la lucha contra el hambre.
El mayor impacto del financiamiento a estos dos programas priorizados (ingresos a adultos mayores, alimentos para la infancia desnutrida) se logrará sólo en la medida en que se coordinen adecuadamente los diversos programas de protección social en vigencia, lo cual implica fortalecer también los programas de agua potable, las unidades de salud de la familia, de transferencias monetarias con corresponsabilidad, y los de producción de alimentos en las fincas campesinas.
No está demás señalar que si las obras de infraestructura previstas con el importante aumento presupuestario previsto generan el empleo señalado, tanto en volumen como en calidad, se podrían esperar resultados auspiciosos para la población en situación de pobreza, aunque se tiene que estar atentos donde se implementan estas obras, y a quienes benefician.
Frente a la incapacidad de los ingresos previstos para cubrir la totalidad de los gastos, el proyecto presenta un resultado deficitario de G. 2,9 billones, equivalente al 2,3% del PIB. Este déficit será cubierto con préstamos internacionales y emisión de bonos en el mercado nacionales y en el mercado internacional, denominados “Bonos Soberanos”. La emisión internacional de estos bonos ubican a Paraguay en el escenario financiero internacional; sin embargo, en condiciones de desventaja, ya que los préstamos de la banca multilateral son menos costosos y, por lo general, son acompañados de asistencia técnica.
Esta propuesta claramente revierte los avances logrados en materia de inversión social, lo cual constituye un retroceso, dado que Paraguay se ubica en América Latina y en la región como el de menor inversión en este ámbito, siendo también el que cuenta con los indicadores sociales más rezagados.
Fuente: DECIDAMOS
