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Respecto a lo ocurrido en la cárcel de San Pedro el domingo 16 de junio, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, recuerda que parte de lo mencionado en el artículo «El hacinamiento de las cárceles también expresa la crisis de la Justicia en Paraguay», y hace hincapié en la urgencia en que el Estado debe asumir una posición de garante de derechos de sus ciudadanos/as, buscando soluciones a la desigualdad, la pobreza y la exclusión, para así poco a poco, lograr descongestionar las cárceles y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas.
El aumento de la población carcelaria del país no se debe primordialmente al crecimiento de la criminalidad, sino a ciertas prácticas de actores judiciales, como la criminalización de la pobreza y la consolidación de un enfoque punitivo que tiene a la prisión como elemento central y subestima las medidas sustitutivas.
Uno de los procedimientos más comunes e irregulares de los actores de justicia que aporta al actual hacinamiento es el uso de la prisión preventiva en base a estereotipos sociales o políticos, antes que fundamentos jurídicos. De hecho, el 78% de la población carcelaria del país no tiene condena, lo que ubica a Paraguay en el primer país de América y cuarto en el mundo con esta realidad, lo que debería interpelar a su sistema judicial.
Antes que encarar el problema del hacinamiento como un problema de infraestructura, el Estado paraguayo debería atender las causas estructurales que impiden mayor seguridad y justicia social, expone el artículo “Construir para excluir, el ineficiente ataque a las consecuencias de los problemas sociales” elaborado para el Informe 2018 de la Red Codehupy.
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