Representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), de organizaciones miembros de la Codehupy, de la Vía Campesina Paraguay, de otras organizaciones sociales y de la Comisión de víctimas de la masacre de Curuguaty, mantuvieron este martes una audiencia con el Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, para manifestar la preocupación existente en referencia a la disputa con relación a las tierras de Marina Kue, así como también en cuanto a la investigación de denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas durante y luego de la masacre.
De la audiencia participaron el secretario ejecutivo de la Codehupy, Enrique Gauto Bozzano; Clyde Soto del Centro de Documentación y Estudios (CDE), organización miembro de la Codehupy; Jorge Galeano, de la Vía Campesina Paraguay; Hugo Valiente, abogado defensor de Derechos Humanos; Abel Areco, de la Articulación Curuguaty; Dominga Noguera, de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del departamento de Canindeyú; Martina Paredes, hermana de Luis y Fermín Paredes, ambos fallecidos en la masacre de Curuguaty; y el señor Mariano Castro, padre de Adolfo Castro, también fallecido el 15 de junio de 2012, y de Néstor y Adalberto Castro, actualmente presos por el caso.
Los integrantes de la comitiva manifestaron al Fiscal General del Estado la importancia de que la Fiscalía General emita un dictamen en la brevedad posible y dentro de los plazos legales, respecto a una acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa Campos Morombi, que debe ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia, en referencia a la situación de las tierras de Marina Kue.
Sobre este punto, es importante señalar que este dictamen es fundamental para que el proceso judicial al respecto pueda seguir avanzando. Voceros de la comitiva indicaron que existen claros elementos jurídicos de que las tierras deben ser inscriptas a nombre del Estado Paraguayo, y que por tanto, el dictamen de la Fiscalía -que es puesto a disposición de la Corte-, si bien no es vinculante, debe apuntar al rechazo de la acción de la inconstitucionalidad presentada por la empresa Campos Morombi; y que así también la Corte en su momento no debe hacer lugar a dicha acción de inconstitucionalidad.
En la audiencia, la comitiva también expresó su preocupación por los insuficientes avances en la investigación, por parte de la Fiscalía, de denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el marco de la masacre, que fueron presentadas por la Codehupy a la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público a los pocos días de ocurrida la masacre.
De acuerdo a una investigación realizada por la Codehupy, al menos 9 personas detenidas han sufrido hechos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos al momento de ser detenidas, durante su traslado en las patrulleras por parte de la Policía Nacional, así como en la comisaría 5ª de Curuguaty. Además, Codehupy cuenta con elementos que señalan la posible responsabilidad de agentes policiales en la ejecución extrajudicial de 7 de los 11 campesinos fallecidos.
Por su parte, Díaz Verón se comprometió a brindar la celeridad y transparencia posibles en ambas investigaciones. Por un lado, a dictaminar en la brevedad posible y dentro de los plazos legales lo que compete a la Fiscalía General en torno a la situación de las tierras de Marina Kue, y por otro, a avanzar en las investigaciones sobre los hechos de tortura y ejecuciones extrajudiciales denunciadas por la Codehupy.
Por último, Enrique Gauto, secretario ejecutivo de la Codehupy, indicó que desde las organizaciones que participaron en la audiencia se estará monitoreando ambas cuestiones planteadas este martes, por un lado que las tierras sean definitivamente inscriptas a nombre del Estado paraguayo, ya que todos los elementos apuntan a que estas son del Estado, y en segundo lugar, que realmente se pueda llegar a un castigo para los responsables de las torturas y las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el marco de la masacre.
Asunción, 18 de junio de 2013.
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