Pojoaju Asociación de ONG's del Paraguay
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Ante la sistemática violación de principios elementales de derechos humanos mediante el desconocimiento de garantías procesales básicas por parte del Ministerio Público en el proceso de investigación de la masacre de Curuguaty, desde el Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ-PY), denunciamos con profunda indignación y preocupación:
La persistencia de un discurso y una práctica absolutamente ajenas a las reglas del derecho elemental, tal como se consagran en la Constitución Nacional y en el Código Penal y Procesal Penal. Este hecho configura un ejercicio grotesco del poder, práctica bastante antigua en sociedades caracterizadas por el uso arbitrario del sistema de administración de justicia.
En la jornada de hoy, a la espera de saber si la Audiencia Preliminar continuaba o no, repentinamente un policía anunció una orden que prohíbe de ahora en más el ingreso a la sala de audiencias a determinadas personas de organizaciones sociales -Fabricio Arnella, Verónica Ruiz Díaz- y a familiares de presos y muertos en la masacre -Martina Paredes, Mariano Castro y Carmen Paredes-. La orden no explica la razón de la prohibición, sólo cita el art. 372 del Código Procesal Penal.
Que las personas manifiesten en espacios externos a la sala de audiencias su reclamo de justicia, no debería autorizar a la jueza a valerse del artículo 372 del CPP para prohibir el ingreso a ese proceso público a personas que acompañan a las víctimas, y menos aún a familiares de procesados y muertos en la matanza de Marina Kue. Lo último es tirar más sal sobre una herida aún abierta y sangrante.
Asimismo manifestamos que este poder indigno, que pulveriza toda norma garantista, busca la instalación de un inquietante consenso: que aceptemos resignadamente como sociedad la imposibilidad de evitar, la alternativa democrática y participativa de no permitir y/o exigir, de eludir la lógica del poder arbitrario y que la misma puede funcionar en todo su rigor, en confrontación directa con principios básicos de los derechos humanos.
Alertamos que estamos ante una institución judicial (y de un Estado, de un gobierno) que apunta a consolidar una concepción en la que no todos y todas resultan normativamente humanos y/o personas, así como que algunos dolores serán desconocidos, que ciertas muertes ni merecen duelos; en definitiva, para este Poder Judicial, no todas las vidas son posibles y no toda muerte es lamentable. Ni siquiera se merece una investigación seria y responsable, por lo visto.
