Al conmemorar los 25 años de la dictadura stronista (1954-1989), saludamos con respeto la memoria de los soldados y oficiales caídos en la noche de la Candelaria, así como a las más de 20 mil víctimas directas de la dictadura, a las más de 100 mil indirectas, a los miles de compatriotas enviados al exilio y a los familiares de más de 500 detenidos desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente en dicho período.
La apertura democrática iniciada el 3 de febrero de 1989 fue el resultado de la larga y sacrificada lucha de miles de dirigentes políticos de distintos signos partidarios, de líderes sindicales y campesinos, de religiosos, de ciudadanos y ciudadanas movilizándose en distintos lugares del país y el exterior. Los que participaron en mítines, marchas, huelgas y otras formas de Resistencia durante más de tres décadas como la marcha sindical del 1o. de mayo de 1955, la huelga de estudiantes de Medicina, la huelga obrera de 1958, las manifestaciones estudiantiles de 1959, la resistencia armada del FULNA y del Movimiento 14 de Mayo, las manifestaciones universitarias de 1969 y de 1973 contra la firma del Tratado de Itaipú, las movilizaciones de las Ligas Agrarias Campesinas, la Marcha del Silencio, las Asambleas de la Civilidad, la lucha de Clínicas, la marcha obrera del MIT en 1986 y la Marcha por la vida de diciembre de 1988, en que miles de ciudadanos y ciudadanas se lanzaron a las calles para reclamar un país en libertad y con respeto a los derechos humanos. Ésas y otras incontables movilizaciones así como el aislamiento internacional en torno a la dictadura y su falsa careta democrática, dieron el marco de legitimidad para el golpe civico-mlitar que echó por tierra a la más larga dictadura sudamericana.
Si bien se han dado avances en materia de libertades políticas, no ha sido asi en el terreno de la deuda social y, en particular con las miles de víctimas de la dictadura.
No se ha ha impulsado la reforma agraria con planes de desarrollo basados en la recuperación de las más de 7 millones de hectáreas de tierras malhabidas como reclaman más de 300 mil familias campesinas, ni se ha recuperado un solo guaraní de las inmensas fortunas y bienes robados al Estado. La corrupción y la impunidad siguen vigentes. Los derechos de las comunidades indígenas a vivir en sus tierras ancestrales no son respetados.
Tampoco se ha establecido una agenda de DD.HH. como política pública. Y son permanentes los intentos de reivindicación del stronismo, como lo evidencia el último intento surgido de la Cancillería de promover a Alfredo ‘Goli’ Stroessner como representante de nuestro país ante las Naciones Unidas.
El primer Aty Guasu de las víctimas de la dictadura y defensores de Dd.HH. realizado en noviembre de 2011 y ratificado en el Encuentro Nacional de diciembre de 2013, ha establecido varias prioridades para la incidencia pública, siguiendo las Recomendaciones Finales de la Comisión de Verdad y Justicia (2004-2008). Las mismas son:
1. La creación de la Secretaría de DD.HH. dependiente de la Presidencia de la República, para impulsar una política de Estado a nivel nacional y trasversal a todas las instituciones pública. Para impulsar el Nunca Más al Terrorismo de Estado.
2. Plan de búsqueda de Desaparecidos: Los más de 20 restos óseos encontrados deben ser identificados para lo cual es necesaria la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y proveer de fondos a la dirección correspondiente para la continuidad de la búsqueda con el apoyo del Equipo de Antropología Forense de la Argentina.
3. Defensoría del Pueblo: El Parlamento debe abrir cuanto antes la convocatoria a candidatos y candidatas a dicho cargo, tal como lo establece la Constitución Nacional. Y la terna surgida debe ser en mérito a la trayectoria de las mejores candidaturas y no como mero cuoteo político.
4. Plan de recuperación de tierras malhabidas. El Gobierno debe arbitrar las medidas para la recuperación en el corto plazo de más de 7 millones de hectáreas y destinarlas a la reforma agraria. Esta medida ayudaría a paliar la situación de miles de familias campesinas sin tierra, expuestas a la migración forzada y la pobreza generalizada.
5. Plan de recuperación de los campos comunales. Los mismos se hallan en poder de caudillos políticos, ej. San Ignacio, en poder del exministro Walter Bower; Costa Irala (Quiindy) en poder de Gustavo Dos Santos, entre otros.
6. Plan de rehabilitación por secuelas de torturas, tratos inhumanos, crueles y degradantes, con el Ministerio de Salud Pública.
7. Aplicación de la asignatura ‘El autoritarismo en la historia reciente’ propuesta por la CVJ y aprobada por el MEC, para que sea enseñada en los colegios de enseñanza media, con carácter bilingüe.
8. Reemplazar los nombres de represores que aún figuran en calles, plazas, centros educativos, pueblos, instituciones, por la de luchadores víctimas de la dictadura. Ej. En Caaguazú están las localidades Colonia Montanaro y 3 de noviembre; en Eusebio Ayala hay una escuela con el nombre del represor y asesino Gral. Patricio Colmán.
9. Exigir al Ministerio Público el procesamiento de los represores debidamente identificados según consta en el Informe Final de la CVJ.
MESA MEMORIA HISTÓRICA Y ARCHIVOS DE LA REPRESIÓN (1954-1989).
Asunción, 2 de febrero de 2014.