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La Red Rural observa con preocupación la falta de una política de Estado para fortalecer la producción agrícola destinada a la alimentación de la población paraguaya, puesto que cada vez más las tierras productivas son acaparadas para la producción de materias primas para la exportación.
En contrapartida, se observa una franca declinación de la producción frutihortícola, que se evidencia en el desabastecimiento y aumentos de los precios de productos de primera necesidad. Esto atenta gravemente contra la seguridad alimentaria y aumenta la dependencia del país, profundizando el estado de incertidumbre en que se debate casi la mitad de los habitantes que viven en estado de pobreza.
Asimismo, la estructura tributaria regresiva, con fórmulas que implementan la generalización del IVA a los productos de consumo mientras se sigue beneficiando con privilegios impositivos a los agroexportadores, profundizará los altos índices de inequidad que de por sí reinaron históricamente en el país.
Otro aspecto preocupante es la parcialidad manifiesta demostrada por el ministro de Agricultura y Ganadería, Jorge Gattini, quien en lugar de cumplir su rol de autoridad neutral y de investigar seriamente las denuncias de intoxicaciones con agroquímicos en el campo, aboga abiertamente por uno de los sectores en conflicto, en este caso el del agronegocio.
Un funcionario público se debe a todos los ciudadanos debe arbitrar de manera imparcial los conflictos. Por ello, la posición del ministro, que más que un funcionario público actúa como vocero de las empresas agrícolas, constituye un claro caso de mal desempeño en las funciones.
Frente a las pruebas que muestran los efectos de los agrotóxicos sobre la salud humana, los cultivos y los animales de los campesinos, el secretario de Estado responde cerrando los ojos afirmando que no hay registros de intoxicaciones cuando la realidad muestra el alarmante aumento de enfermedades como los distintos tipos de cáncer, problemas respiratorios, erupciones cutáneas y, en el más grave de los casos, malformaciones congénitas y abortos espontáneos en el sector rural.
Cuando menos existe una controversia al respecto, por lo que debe aplicarse el principio precautorio de la utilización de las sustancias presuntamente dañinas para la salud hasta que las autoridades respectivas y las empresas demuestren que los agroquímicos son inocuos. Por parte del Estado no hay control, actualmente existe un uso indiscriminado de estos productos considerados tóxicos por parte de los grandes productores asfixiando y enfermando a las poblaciones campesinas colindantes a los extensos cultivos de soja.
El objetivo declarado del gobierno de al menos duplicar la superficie cultivada de soja, para pasar de las más de 3 millones de hectáreas a unas 6 millones de hectáreas, muestra que este proceso se irá intensificando y tendrá como correlato mayor expulsión y conflicto por las fumigaciones. En este sentido, la Federación Nacional Campesina (FNC) calcula que en los últimos 10 años fueron expulsados unos 900.000 pequeños productores, pasando a engrosar las periferias urbanas con población viviendo en precarias condiciones de vida.
Cabe prestar atención al reclamo de los campesinos organizados, que rechazan las políticas asistencialistas como el programa Sembrando Oportunidades y exigen en cambio un plan nacional de desarrollo para reactivar la producción agrícola y llevar a cabo un proceso de industrialización utilizando en beneficio de todo el país los recursos hidroeléctricos.
Frente a este cuadro, la Red Rural se reafirma en la necesidad de llevar a cabo la implementación de una reforma agraria integral seria y responsable, el país ya no puede enfocar políticas de remiendo con el sector rural , sobre todo pobre, recuperando las tierras mal habidas, resolviendo los conflictos de tierra que años están en los archivos del INDERT sin solución alguna , apoyando la agricultura familiar campesina con asistencia técnica, infraestructura y mínimas condiciones que garanticen la comercialización.
Para ello existen fuentes de financiación que bien utilizadas pueden redundar en beneficio de todos los paraguayos, como la renta hidroeléctrica , aumentar los impuestos a la tenencia de las grandes parcelas de tierra y a los granos, con los cuales fomentar la producción de alimentos que el país necesita y frenar el avance del agronegocio.
Comunicado de la Red Rural
Asunción, 10 de Marzo de 2014
