Pojoaju Asociación de ONG's del Paraguay
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Comunicado del Serpaj Paraguay. Quienes conformamos el Servicio Paz y Justicia, Paraguay (SerpajPy), organización comprometida con la noviolencia activa, la promoción, exigencia y vigencia del pleno goce de los derechos humanos, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a la huelga general convocada para el 26 de marzo.
Señalamos que el ejercicio de un derecho en ningún momento debe traducirse por las autoridades como una amenaza para la población, ni para los poderes del Estado. El derecho a exigir la efectiva vigencia en igualdad de condiciones de otros derechos, debe ser un acto particularmente protegido y garantizado.
Y la huelga constituye una fiesta cívica de protesta de personas, organizaciones, movimientos diversos que ejercen activamente los principios básicos de democracia mediante la utilización de varios canales de participación. Sólo puede erigirse como amenaza para un gobierno con serias dificultades para registrar las demandas legítimas de las personas y traducirlas en auténticas políticas públicas que garanticen derechos.
La realidad actual del Paraguay se define precisamente por la dificultad de garantizar derechos básicos: solamente el 19% de la población tiene seguro médico a través del Instituto de Previsión Social; el 7,6 accede a otro tipo de seguro médico y el 73,4 de las personas no tiene ningún tipo de seguro médico; más de 1.130.000 personas deben trabajar por cuenta propia, el trabajo informal crece y la ausencia de empleos dignos y bien remunerados sigue siendo una reiterada pero incumplida promesa de sucesivos gobiernos; de la población ocupada en el país el 60% tiene menos de diez años de estudios, esto significa que el 60% de los trabajadores no han podido acceder a la educación media y por lo menos el 40% no ha concluido la escolar básica; del total de la PEA sólo el 5,5 % es empleador o patrón. Los empleados privados el 35,8%, cuentapropistas 34,8%; empleados públicos 9,2%; empleados domésticos 6,3% y trabajador familiar no remunerado 8,4%. Mientras que el desempleo abierto y la subocupación afecta al 26% de la PEA.
Estos conforman apenas un conjunto de indicadores de la situación de derechos básicos en nuestro país que no incluye las situaciones de extrema desigualdad en zonas rurales y la preocupante práctica de inequidad que caracteriza a la Justicia. Por ello es que resulta clave la visibilización de las demandas sociales mediante el ejercicio de la libertad de expresión en el espacio de la vía pública y que el poder público resguarde esta manifestación.
Desde el Serpaj exigimos, por tanto, que el gobierno de Horacio Cartes se comprometa ante la opinión pública nacional e internacional en no utilizar las Fuerzas Armadas en contra de las manifestaciones civiles.
Reiteramos: la Huelga no es una amenaza, es el ejercicio legítimo de un derecho y en ese sentido es una oportunidad en la que el gobierno puede demostrar ante la ciudadanía nacional e internacional sobre cuáles principios efectivamente se sostiene. Si es un gobierno animado por los principios democráticos y la perspectiva de derechos, el miércoles 26 de marzo es el momento oportuno para demostrar su capacidad de afrontar el disenso y la crítica, condición indispensable para cualquier gobierno democrático del siglo XXI.
Recordemos que el gobierno actual mantiene militarizado a tres departamentos del país, sin ningún tipo de control por parte de algún poder del estado más que del Presidente de la República. Si efectivamente las autoridades se posicionan como garantes de los derechos humanos, tal como los define la Constitución Nacional, la Huelga será efectivamente una fiesta cívica; apelar a respuestas militares o represivas, se interpretará como la definitiva clausura del gobierno a las legítimas demandas de la ciudadanía.
