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La Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos Indígenas, considera especialmente grave el atropello a los indígenas Avá Guaraní de Canindejú, perpetrado por civiles armados en la madrugada del pasado día 15 de junio, a instancias de la firma Luguna S.A., y que dejara más de una decena de heridos y una persona fallecida.
Al respecto, es particularmente grave que civiles armados, con inocultable aquiescencia estatal, hayan actuado nuevamente con total impunidad, amenazando y atropellando con disparos de armas de fuego, como ocurrió en el distrito de Corpus Chisti, en ocasión del último episodio que denunciamos, así como durante el desalojo del pasado 20 de mayo en contra de la Comunidad Y’apo.
La delegación de hecho que se observa, en el uso de la fuerza, a empresas privadas de “seguridad”, por parte de agentes estatales que la toleran, constituye de por sí una situación inaceptable que debe ser erradicada por las autoridades, para salvaguardar la legitimidad de la autoridad pública y el estado de derecho.
Asimismo, el hecho que las tierras en disputa de la Comunidad Y’apó estén en manos de un particular no le otorga a éste, ni a organismo estatal alguno, la atribución o facultad de autorizar o ejecutar desahucio alguno, dado que la posesión tradicional, profusamente documentada, de los indígenas Avá Guaraní sobre sus tierras ancestrales tienen, por imperio de la Constitución de la República y el marco jurídico vigente, efectos equivalentes al título de pleno dominio que concede el Estado. Vale mencionar también, que la posesión tradicional de los indígenas de Y’apó, también faculta a la comunidad a exigir el reconocimiento oficial de su propiedad y su registro, que debe ser atendida y satisfecha por los organismos estatales correspondientes de conformidad a sus obligaciones.
Por lo dicho, con independencia al título que pueda tener la firma Laguna S.A., los agentes estatales involucrados en la autorización y ejecución del desalojo del 21 de mayo, así como los civiles que atropellaron el asentamiento indígena el 15 de junio, violaron abiertamente los derechos de la Comunidad Indígena Y’apó. La ley 43/89 en este sentido es muy clara y, expresamente, prohíbe la innovación de hecho y de derecho en los asentamientos indígenas que se encuentren en inmuebles titulados a nombre de terceros, hasta tanto se proceda a la delimitación, demarcación y titulación de las tierras de ocupación y dominio ancestral de la comunidad.
Este caso, una vez más, revela la aplicación discriminatoria del derecho, al privilegiarse la propiedad privada por encima de la propiedad comunitaria indígena, con lo cual se sitúa en condiciones de extrema vulnerabilidad a los indígenas Avá Guaraní, hoy, privado de sus tierras y gravemente afectados por el ataque sufrido, comprometiéndose de este modo un conjunto de derechos humanos que están siendo violados a cada uno de sus miembros, entre quienes se encuentran niños y ancianos afectados por la represión.
Ante esta grave situación, que afecta a decenas de familias indígenas, exigimos al Instituto Paraguayo del Indígena y al Ministerio Público, la promoción inmediata de acciones judicialmente de salvaguarda y protección para la Comunidad Y’apó, que estén orientadas a la restitución inmediata del inmueble despojado a los mismos, así como la correspondiente indemnización por el daño material e inmaterial sufrido a raíz de la destrucción de sus casas, sitios sagrados y lesiones graves de sus miembros. Asimismo, aguardamos justa sanción penal a los responsables y civiles armados que perpetraron el hecho violento.
Asunción, junio 16 de 2014
Teresa Vargas – Tekoha
Julia Cabello Alonso – Tierraviva
Por la Coordinación de Turno de la REDESPI
Para mayor información, comunicarse:
Abg. Oscar Ayala Amarilla (tel. 0971 284292) Santiago Bobadilla (tel. 0971 142444)
