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Un ciudadano brasileño alquiló y compró alrededor de 120 hectáreas de tierra en el medio mismo de uno de los núcleos poblacionales del asentamiento Santa Rosa-mi de Curuguaty. No cuenta con barrera vegetal de protección y linda con chacras con cultivos alimenticios y hasta un arroyo, de acuerdo a las denuncias de las familias agricultoras.
El asentamiento Santa Rosa-mi queda en el Noreste de Paraguay, departamento de Canindeyú, a 30 kilómetros de la capital del distrito Curuguaty. Viven en él alrededor de 4 mil familias agricultoras asentadas desde 1991.
Es un asentamiento reconocido y con titulación del Instituto de la Tierra (INDERT) con lotes familiares que suman 7.200 hectáreas totales. Éstas se dividen geográficamente en cinco módulos o cuadrantes. Uno de ellos se llama “Pastoral Social”.
Es en esta parte de la comunidad donde hace tres meses un ciudadano brasileño alquiló y compró las tierras de varias familias nuevas del lugar, en el centro mismo de la comunidad. En las últimas semanas estuvo preparando la tierra para la siembra de soja, operación que se concretó durante la últimas lluvias del fin de semana pasado.
De acuerdo a las denuncias de las familias agricultoras la explotación está en contravensión de varias leyes de la tierra y ambientales. Desde alquilar tierras destinadas a la reforma agraria hasta la deforestación, no contar con barrera viva aislante, no respetar los 100 metros de distancia de centros poblacionales o estar al lado de una fuente de agua de la comunidad o de los cultivos alimenticios de las familias.
La presencia del productor sojero en el asentamiento crispó el ambiente de los y las lugareños, porque amenaza con ir acaparando tierras y terminar desplazándolos, además de todas las consecuencias ambientales y alimenticias de las fumigaciones, dijo Julián Vera, presidente de la comisión de defensa de la vida y el medioambiente local.
El referente comentó que el 4 de agosto pasado formalizaron una denuncia ante el fiscal medioambiental de Curuguaty, Bejnamín Maricevich, y que hasta ahora no hubo respuesta institucional. También que por teléfono se comunicaron con funcionarios del Servicio de Sanidad Vegetal y Semillas (SENAVE).
Dijo que lo que exigen es una intervención de estos órganos del Estado, Senave, Indert, Fiscalía y Secretaría del Ambiente.
FOTO: El sojal llega hasta el camino de la comunidad
Fuente: BASE IS
