Pojoaju Asociación de ONG's del Paraguay
Artículos relacionados
Adalberto Castro Benítez, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez Balmori, Lucía Agüero Romero, Luis Olmedo Paredes, maría Fani Olmedo Paredes, Néstor Castro, Rubén Villalba, Dolores López Peralta, acusados de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa acabada. Alcides Ramírez Paniagua, acusado de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. Felipe Nery Urbina, acusado de frustración de la persecución penal; y RRVO (adolescente), acusado de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio en grado de complicidad.
Son treces compatriotas procesados por supuesta invasión de inmueble ajeno en el caso conocido como “masacre de Curuguaty”, ocurrido el 15 de junio del 2012, donde murieron 11 campesinos y 6 policías. Este hecho posteriormente derivó en un juicio político al entonces presidente de la República Fernando Lugo, quien fue destituido el 22 de junio de 2012 por el Senado.
Los campesinos procesados no pudieron haber sido acusados de invasión de inmueble ajeno, puesto que las tierras que ocupaban habían sido donadas por la Industrial Paraguaya S.A. al Estado paraguayo en 1967, que destinó a la Marina, pero que no llegó a inscribir. Se trata de un inmueble de 1.870 hectáreas. Las mismas son reclamadas por la empresa Campos Morumbí, del fallecido ex senador colorado Blas N. Riquelme. Precisamente esta empresa había presentado una denuncia de invasión de inmueble contra los campesinos hoy procesados.
Estos compatriotas están procesados en dudoso y oscuro juicio, plagado de errores garrafales por parte del fiscal acusador y del juzgado. Al parecer el único objetivo es condenar a estos campesinos. Pues, no se han investigado las muertes, no existió voluntad de conocer a los autores de las muertes, no se presentaron pruebas en un juicio repleto de irregularidades, tan solo parece una simulación de proceso judicial. Se ocultaron pruebas, se incluyeron otras en forma ilegal, el fiscal evitó toda línea de investigación que pudiera haber llevado a una conclusión distinta a la que la fiscalía pretende instalar, tampoco se respetaron las más mínimas garantías para una defensa justa y digna de los acusados. Por lo tanto, no hay interés en demostrar realmente qué pasó en Curuguaty.
Actualmente está pendiente un juicio oral y público que ya fuera suspendido en dos ocasiones anteriores.Es de esperar que el Estado paraguayo garantice plenamente un proceso justo en este y en todos los casos. Pues tiene obligaciones y compromisos de respeto al debido proceso y al juzgamiento imparcial a sus ciudadanos.
RED RURAL DE ORGANIZACIONES PRIVADAS DE DESARROLLO
Agosto 2015
