Pojoaju Asociación de ONG's del Paraguay
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Pojoaju acompaña acción de inconstitucionalidad contra ley que amenaza el espacio cívico en Paraguay, en un contexto regional de crecientes restricciones a la sociedad civil.
Treinta y tres organizaciones de la sociedad civil presentaron el 16/12/2025 ante la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), una Acción de Inconstitucionalidad y un pedido de suspensión de efectos contra la Ley N° 7363/24, que regula el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro en Paraguay.
POJOAJU, Asociación de ONG del Paraguay, acompaña esta acción al considerar que la ley constituye una grave amenaza al ejercicio de derechos fundamentales, al espacio cívico y al sistema democrático. Si bien se presenta como una normativa orientada a la transparencia, la citada ley, llamada también «ANTI-ONG», introduce mecanismos de control excesivos, discrecionales y potencialmente punitivos que pueden ser utilizados para restringir, condicionar o desalentar la labor legítima de las organizaciones de la sociedad civil.
En los últimos años, distintos países de América Latina y otras regiones han aprobado normas similares que, bajo el discurso de la regulación, la seguridad o la rendición de cuentas, han derivado en el cierre progresivo del espacio cívico, debilitando la democracia y limitando la participación ciudadana. Estas leyes suelen compartir rasgos comunes: ampliación de facultades discrecionales del Estado, cargas administrativas desproporcionadas, sanciones ambiguas y un enfoque que instala la sospecha sobre el financiamiento y el accionar de las organizaciones sociales.
En este contexto regional, la mencionada Ley se inscribe en una tendencia preocupante que afecta especialmente a organizaciones que trabajan con poblaciones históricamente excluidas, en defensa de derechos humanos, justicia social, ambiente, territorio, género, pueblos indígenas y democracia. La experiencia comparada demuestra que este tipo de marcos normativos no fortalecen la transparencia, sino que generan autocensura, paralización de proyectos, retraimiento de la cooperación internacional y debilitamiento de redes comunitarias esenciales para la cohesión social.
