Pojoaju Asociación de ONG's del Paraguay
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Con el fallo dictado contra campesinos del caso “Masacre en Curuguaty” quedó demostrada, una vez más, que la criminalización de la lucha por la tierra es una dolorosa y triste realidad en nuestro país.
La Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo lamenta este funesto precedente dejado con el fallo del tribunal contra 11 campesinos acusados de matar a 6 policías en los sucesos del 15 de junio del 2012. Hecho que posteriormente derivó en un juicio político al entonces presidente Fernando Lugo por mal desempeño de funciones y la consiguiente destitución del mismo de la Presidencia de la República.
La fiscalía ni el juzgado investigaron la muerte de 11 campesinos. Centraron su “investigación” en la muerte de los policías nada más.
Sentencias como estas, afectan notoriamente la calidad de la democracia, una casi absoluta sumisión de instituciones como la justicia a poderes fácticos, y demuestra una vez más que en los momentos más importantes de la historia de nuestro país, la justicia se va al barranco, como lo afirmara el sociólogo José Carlos Rodríguez.
La condena a 11 campesinos constituye a todas luces una muestra tangible y fehaciente de que el sistema judicial de nuestro país está más bien al servicio de poderosos intereses y para imponer penas que apuntan a desalentar las luchas sociales, especialmente por la tenencia de la tierra de sectores vulnerables de la sociedad.
Con esta sentencia el Estado paraguayo se expone, una vez más a que en el futuro organismos internacionales le impongan severas sanciones morales y sobre todo pecuniarias que al final terminará pagando el propio pueblo paraguayo. Esto atendiendo a que organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, expresó serias objeciones al proceso judicial de este caso y exigió al Estado a impulsar investigaciones independientes. Estos pedidos nunca fueron cumplidos por el gobierno de nuestro país.
RED RURAL DE ORGANIZACIONES PRIVADAS DE DESARROLLO
Julio 2016
