Nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, redes y movimientos: Feministas, de trabajadores y trabajadoras, de niñez y juventud, campesinas, cooperativas, indígenas, de afrodescendientes, de la diversidad sexual, discapacidad, basadas en la fe, academia y organizaciones no gubernamentales.
Desde nuestra experiencia como actores clave, comprometidas con el desarrollo de nuestros pueblos y comunidades, exhortamos que nuestra voz sea tomada en cuenta en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de la Agenda 2030 en todos sus niveles: nacional, regional y global.
Estamos en un contexto global de incertidumbre, en el cual un discurso patriarcal, xenofóbico, clasista y racista ha tomado fuerza. El sistema capitalista muestra su peor cara de exclusión y discriminación. Ha generado una concentración absoluta de la riqueza en manos de unos pocos; mediante Tratados de Libre Comercio ha saqueado nuestros países para beneficiar a las grandes corporaciones. Este sistema es la causa de las desigualdades económicas, étnico-raciales, de género, de clase y de territorio.
En la región somos testigos de un modelo de desarrollo extractivista basado en la explotación de las personas, de los territorios y de los bienes naturales, lo cual produce migraciones forzadas, limita el acceso a la tierra y al agua. Genera violencia, especialmente de género, y pone en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos, a las comunidades y a los pueblos.
Los países de América Latina y el Caribe hemos sido catalogados como países de renta media; lo cual invisibiliza las brechas y desigualdades persistentes en nuestra región, que no permiten un desarrollo sostenible en el que nadie quede atrás.
Existe un deterioro en la democracia política y económica de nuestra región. El conservadurismo avanza y sigue vulnerando los derechos humanos, amenazando los logros alcanzados en la región, como en el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, así como de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Esta debilidad de la democracia en nuestros países, así como la falta de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia permiten la corrupción y la captura empresarial del Estado. Las empresas han preferido sobornar Gobiernos, evadir impuestos, en lugar de garantizar los derechos humanos.
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