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Tras una larga lucha de organizaciones de la sociedad civil por la transparencia, está disponible para la ciudadanía el portal de datos abiertos para la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos de emergencia por covid-19 en la web de la Contraloría General de República (CGR).
La plataforma digital fue desarrollada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) como parte de la implementación de un sistema para la rendición de cuentas en línea a la CGR sobre el uso de los recursos destinados para combatir la pandemia, que además sirva como una herramienta para el control social.
Los datos publicados provienen de la información registrada por cada organismo o entidad del Estado ante la Contraloría. Constituye una recopilación fiel e integral de la información registrada, sin agregados, supresiones o correcciones de ninguna naturaleza. Por tanto, cada contenido y su veracidad son responsabilidad de cada institución y están sujetos a los controles y verificaciones correspondientes.
El portal implementado es una herramienta clave para la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana y se enmarca en lo que ordena el Artículo 45 de la Ley Nº 6524 de Emergencia Sanitaria por la pandemia causada por covid-19: “El Poder Ejecutivo y los organismos y entidades del Estado que ejecuten los fondos previstos en la presente Ley presentarán cada 60 (sesenta) días, desde la promulgación de la misma, sus rendiciones de cuentas con un informe al Congreso y a la CGR, con toda la documentación de respaldo”.
En el portal se detallan los gastos realizados de los 1600 millones de dólares destinados a la emergencia sanitaria.
¿Dónde están los USD 1600 millones?
En el informe presentado en la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores realizado el 2 de junio el Ministerio de Hacienda presentó un informe de los gastos efectuados hasta el momento. De los USD 1.600 millones, ya se han comprometido USD 925 millones que fueron distribuidos de la siguiente manera: USD 77 millones para la amortización de la deuda; USD 159 millones para el pago de salario, USD 100 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS). Para el programa Pytyvõ ya se aseguraron los USD 300 millones, de los cuales se utilizaron USD 100 millones para el primer pago. Para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) se ha transferido USD 99 millones.
Asimismo, para el pago de los programas Adultos Mayores y Tekoporâ se transfirieron USD 63 millones y USD 40 millones para el pago de Jubilaciones. Señaló que USD 61 millones se transfirió a la capitalización de las Pymes y Mipymes para las entidades afectadas como el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y parte de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD); y para el programa Ñangareko USD 26 millones.
A pesar de la promesa de un férreo control del gasto público dos escándalos surgieron en plena crisis sanitaria. Se detectaron irregularidades en todo el proceso de la compra de insumos médicos de bioseguridad y de acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República dejó constancia de que la adquisición estaba «viciada de irregularidades en todas sus etapas». A esto se suma las compras sobre facturadas realizadas por Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y Petróleos Paraguayos que costó la renuncia de sus máximas autoridades y actualmente están siendo investigados por el Ministerio Público.
