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Compartimos comunicado de la Red RURAL sobre la liberación de la declaración jurada de bienes. Luego de la Resolución de la Corte Suprema de Justicia la Contraloría General de la República comenzó a publicar en su portal las declaraciones juradas de las autoridades del Gobierno desde 1998 hasta 2017. Los datos confirman que muchos políticos incrementaron considerablemente sus bienes desde que llegaron a la función pública.
A propósito de la declaración jurada
La resolución de la Corte Suprema de Justicia que rechazó una acción de inconstitucionalidad planteada por la propia Contraloría General de la República en contra de que la declaración jurada de bienes de funcionarios sea pública constituye, indudablemente, un paso importante a la transparencia en la gestión pública y sobre todo porque permitirá conocer el origen del patrimonio de quienes tienen a su cargo la administración de los bienes públicos.
La divulgación pública de la declaración jurada de bienes tuvo, sin embargo, serios tropiezos principalmente desde sectores políticos que intentaron a través de leyes sancionadas burocratizar el acceso a la declaración jurada de bienes. Con buen tino, sin embargo, el Poder Ejecutivo vetó una propuesta legislativa en ese sentido. Además, un grupo de diputados presionó a la Corte Suprema para evitar que las declaraciones juradas sean públicas, pero felizmente sin éxito.
Es de esperar que tanto senadores y diputados, ajusten sus conductas a las exigencias de la ciudadanía y la transparencia pública y sobre todo a dar testimonios reales y concretos de que actuarán de acuerdo a valores éticos y morales, tal como espera de ellos sus mandantes.
De no ser así nuevamente legisladores elegidos por el pueblo como sus representantes, se estarían apartando de ese mandato soberano y estarían optando por privilegiar sus intereses, entiéndase ocultando sus bienes y el de sus compinches, y sobre todo los orígenes de esos bienes, develando así, una vez más, la crisis de representación que padece el sistema político de nuestro país desde hace un buen tiempo.
Por largo tiempo en nuestro país primó arbitrariamente el interés particular y sectorial por sobre el interés general. Tal es así que se dieron muchos ejemplos de personas que tras ser elegidas para un determinado cargo representativo, o designada a una determinada función pública, en poco tiempo han logrado enriquecerse no correspondiendo, en muchos casos, su riqueza y bienes adquiridos con el salario o remuneración recibida de determinadas reparticiones estatales.
A esta determinación de la Corte Suprema de Justicia debería preceder el compromiso formal de la Contraloría General de realizar periódicos exámenes de correspondencia de los bienes del funcionario, a fin de que quienes ejercen la función pública se sientan controlados y observados, y de esa manera la ciudadanía ejerza un real control de la conducta de su funcionario. Esa función se le otorga por ley al órgano contralor de la República.
Queda a cargo de los responsables hacer que esa y otras normas no sean meros enunciados y letra muerta, sino que tengan vida plena a través de su aplicación en la medida en que la necesidad así lo requiera.
La Red Rural aboga porque así sea y recuerda que todos los habitantes del Paraguay son iguales ante la ley. La Constitución Nacional no establece privilegio para nadie, y en la medida en que todos se ajusten a la legalidad se irá haciendo realidad el Estado social de derecho, que sea real garantía para el mejoramiento de la calidad de vida de todo ciudadano.
Junio 2020 – Red Rural
