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El 15 de junio se conmemoraron los 8 años de la masacre de Curuguaty, donde fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías. Suceso utilizado para destituir al gobierno constitucional. Caso aun no aclarado por la Justicia paraguaya. Seguimos sin saber ¿Qué pasó en Curuguaty? Los sobrevivientes, familiares y ocupantes recordaron con un acto el octavo aniversario de la conocida como masacre de Curuguaty.
La Masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012, cuando policías quisieron desalojar a campesinos que ocupaban tierras. Hubo un total de 17 muertos.
Once campesinos y seis policías fallecieron en Curuguaty, departamento de Canindeyú, unos 250 kilómetros al noreste de Asunción, la capital de Paraguay, durante un operativo en el que centenares de agentes acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir su incorporación a la reforma agraria. En julio de 2016, el tribunal de Asunción a cargo del caso condenó a penas de entre 4 y 30 años de cárcel a 11 campesinos acusados. La masacre trajo como consecuencia la destitución del presidente Fernando Lugo. El 27 de julio de 2018, la Justicia paraguaya anuló la condena a los 11 campesinos acusados de haber provocado la matanza. La muerte de los campesinos nunca fue investigada por el Ministerio Público.
Marina Cué es una propiedad de 1.748 hectáreas, ubicada en Curuguaty. Estas tierras fueron entregadas al Estado en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya SA (Lipsa) para ser usadas por la Armada Nacional. La transferencia nunca se realizó.
En el 2004, el Poder Ejecutivo decretó que sean transferidas al Indert y destinadas a la reforma agraria. Pero poco después la firma Campos Morombí planteó una demanda de usucapión, alegando que ocupaba el terreno desde 1970 y consiguió una sentencia a su favor, en el 2005.
La Procuraduría General de la República y el Indert plantearon acciones autónomas de nulidad, alegando que el Estado no fue partícipe del proceso por la usucapión. La acción de la Procuraduría es estudiada por la Corte Suprema de Justicia desde hace varios años.
Tanto el Gobierno como el Grupo Riquelme pretenden seguir adelante con una polémica donación para convertir el terreno en una reserva forestal a cargo del Estado.
En el 2015, el Congreso aprobó una ley por la cual se acepta la donación de la propiedad por parte de la familia Riquelme, para que sea convertida en una reserva ecológica a cargo de la entonces Secretaría del Ambiente (Seam), actual Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
