El Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC-PY) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj-PY) en la mañana del 30 de agosto hicieron llegar al Congreso Nacional una solicitud de enmienda del artículo 129 de la Constitución Nacional, acompañada de una carpeta con firmas de más de mil ciudadanos y ciudadanas que solicitan la modificación este artículo, de forma que el Servicio Militar deje de ser Obligatorio y pase a ser Voluntario con el siguiente texto:
“El servicio militar será voluntario y podrá ser prestado desde los 18 años cumplidos. La ley reglará las demás condiciones de su prestación. El servicio militar deberá cumplirse con plena dignidad y garantías de respeto hacia la persona. Se garantiza el derecho a la objeción de conciencia para quienes lo presten. Se prohíbe el servicio militar no determinado en la ley o para beneficio o lucro particular de personas o entidades privadas».
Desde la inclusión dentro de la Constitución Nacional del artículo 37 que garantiza la Objeción de Conciencia, hasta el año 2010, se habían registrado 145.254 objetores y objetoras de conciencia, a la fecha se estima que son más de 150.000 personas que decidieron acogerse a la protección de este derecho. Este número demuestra la cantidad de jóvenes que objetan al Servicio Militar Obligatorio y se niegan a recibir formación militar de manera obligada.
En las dos últimas décadas las Fuerzas Armadas ha demostrado ser una Institución que carece totalmente de credibilidad, con 147 muertes registradas desde 1989 hasta el 2011, muchas de las cuales aún no cuentan con una investigación acabada que esclarezca los sucedido a fin de deslindar responsabilidades ante estos gravísimos hechos.
147 vidas truncadas por el Estado, 147 personas que fueron obligadas a morir.
La sociedad moderna se caracteriza por la libertad del varón y de la mujer, la libertad de las personas a decidir sobre sus vidas y por tanto el Estado debe limitarse a poner las condiciones necesarias para desarrollar las potencialidades individuales. Es decir, para aquellos varones y mujeres, mayores de edad, que deciden recibir formación militar, el Estado debe garantizar que esta se de en condiciones dignas y de seguridad, así como también debe garantizar la posibilidad de varones y mujeres a negarse a recibir esta formación, sin ningún condicionamiento adicional.
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Aldo López
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Moc py