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Comunicado de las Organizaciones campesinas e indígenas, ONGs y Redes ambientalistas referente a la liberación del maíz transgénico

La Federación Nacional Campesina- FNC; la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas- FAPI; la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas- MCNOC, la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas- CONAMURI, la Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares- CNOCIP; la Organización de Lucha por la Tierra- OLT, la Organización Nacional Campesina- ONAC, el Movimiento Agrario Popular- MAP, el Movimiento Campesino Paraguayo- MCP, el Movimiento de Trabajadores Rurales y Urbanos- MTR; la Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa- ACIDI, la Asociación de Agricultores de Alto Paraná- ASAGRAPA, la Asociación Tesai Reka Paraguay, la Asociación Campesina de Desarrollo Integrado- ACADEI, la Coordinadora de Productores Agrarios de San Pedro Norte- CPA-SPN, la Organización Campesina Regional Concepción – OCRC; el Consejo de Desarrollo Distrital y Pastoral Social de San Pedro del Paraná; la Asociación de Ong´s del Paraguay-POJOAJU e instituciones miembros, las Redes Miembros de POJOAJU; la Red de Ong´s Ambientalistas del Paraguay- ROAM, la Asociación Paraguaya de Comunicación Comunitaria- COMUNICA, la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay- CODEHUPY, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia- CDIA, la Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo; la Coordinación de Mujeres del Paraguay- CMP; la Campaña por la Expresión Ciudadana- DECIDAMOS, la Red de Entidades Privadas sin Fines de lucro al Servicio de los Pueblos Indígenas en el Paraguay; la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina- RAPAL, entre otras organizaciones adheridas, comunicamos a la opinión pública que remitimos dos cartas el pasado 7 de agosto de 2012, dirigidas al Ministro de Salud; Dr. Antonio Arbo y al Presidente del Consejo Nacional del Ambiente, Ing. Heriberto Osnaghi, manifestando nuestra preocupación por las decisiones políticas de este Gobierno que tienen como consecuencia la liberación comercial de cuatro eventos de maíz transgénico.

Esta coyuntura nos enfrenta a situaciones poco claras, que impactan en nuestra soberanía alimentaria y en nuestras pautas culturales ancestrales. Por esta razón, en dichas cartas, requerimos al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social- MSPyBS y a la Secretaría del Ambiente- SEAM, que como miembros pleno de la Comisión de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (COMBIO), exijan pruebas documentadas y contundentes a los obtentores (Monsanto, Syngenta y Dow Agro Scienses), acerca de la inocuidad alimentaria de los productos transgénicos y del impacto ambiental de las semillas transgénicas, específicamente del maíz, considerando que existen evidencias en otros países, sobre los impactos negativos tanto para la salud humana como para el ambiente, que pudieran ocasionar estas semillas transgénicas de maíz, y por la posible contaminación de las semillas ancestrales (como ha ocurrido en otros países, ejemplo claro México), que son de importancia vital para la cultura de los pueblos indígenas.

Estas empresas internacionales no pueden escudarse en un supuesto derecho a la confidencialidad de la información, por sobre la obligatoriedad de los Estados Democráticos del “principio precautorio” vigentes en varias normativas del país, por lo que también, requerimos que se hagan públicos para el conocimiento de toda la ciudadanía, los argumentos científicos desde el punto de vista médico y los argumentos relacionados a los impactos ambientales, que respaldan los dictámenes de inocuidad alimentaria y licencia ambiental para la liberación comercial del maíz transgénico, que deben otorgar el Ministerio de Salud y la Secretaría del Ambiente.

Las cuatro variedades de maíz que este Gobierno pretende liberar en los próximos días son: el VT Triple PRO (resistente al ataque de insectos lepidópteros, insectos coleópteros y tolerante al glifosato) de la empresa Monsanto; el GA21 x Bt 11 (resistente a insectos y tolerante al herbicida) de la empresa Syngenta; el TC 1507 (resistente a insectos lepidópteros y al herbicida glufosinato de amonio) de la empresa Dow Agro Scienses y; el NK 603 (tolerante al herbicida glifosato) de la empresa Monsanto.

En ambas cartas, expresamos que nuestro país es uno de los centros de origen del maíz, cultivo que es la base de alimentación directa de la población, en especial de la rural, tanto en comunidades campesinas como indígenas, quienes tienen más de 10 variedades propias que podrían ser contaminadas por estas semillas transgénicas, a través de la polinización. Además en lo referente a los pueblos indígenas, el maíz es de gran importancia para sus culturas y prácticas religiosas. Así mismo, recordamos que la utilización del herbicida a base de Glifosato inherente al uso de estas semillas, es causante de innumerables afecciones a la salud, por lo que su uso está siendo cuestionado por la comunidad científica de varios países, en base a investigaciones y evidencias clínicas.

Se anexaron a las misivas, evidencias de que a pesar de las promesas hechas por las empresas biotecnológicas sobre la inocuidad de los cultivos de maíz transgénico, la realidad es muy distinta, no sólo porque el comportamiento del cultivo no es óptimo en cuanto a su rendimiento por hectáreas, sino porque el consumo de maíz transgénico podría ocasionar efectos en la salud humana y daños irreparables para la biodiversidad, poniendo en peligro la soberanía alimentaria de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas, bases fundamentales de la soberanía nacional. Por ello, es necesario mayor tiempo y rigor para las investigaciones, especialmente en cuanto se refiere a la salud pública y al ambiente.

Para realizar estas solicitudes nos basamos en el derecho de peticionar a las autoridades, contempladas en el artículo 40 de nuestra Constitución Nacional que establece: “Toda persona, individual o colectivamente y sin requisitos especiales, tiene derecho a peticionar a las autoridades, por escrito, quienes deberán responder dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine. Se reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo”.

Asunción, 18 de agosto de 2012.

Para mayor información contactar con el Ing. Víctor Benitez al 0982. 716000

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