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Uno de los sectores que con mayor e indisimulable alegría acogió la salida de Lugo del gobierno y la entrada de Federico Franco ha sido el de los sojeros y ganaderos, los autodenominados “sectores productivos”, es decir, todos aquellos vinculados a los agronegocios. No es que Lugo haya logrado grandes avances en materia de reforma agraria o desconcentración de la tierra en sus años de gestión, sino que había simplemente colocado personas en algunas instituciones que intentaban que se respeten las normativas y regulaciones vigentes en materia productiva y ambiental.
Es el caso del SENAVE que estuvo presidido por Miguel Lovera y la SEAM por Oscar Rivas. Antes de la presidencia de Lugo estas instituciones eran casi oficinas burocráticas al servicio de los empresarios, respondiendo siempre a sus pedidos e intereses. Esa práctica de sometimiento se interrumpió con Lovera y Rivas, que intentaron regular la entrada y el uso indiscriminados de agrotóxicos y transgénicos en el país, nada más aplicando las leyes vigentes, como los Estudios de Impacto Ambiental, la realización de los estudios pertinentes para la habilitación de nuevos productos transgénicos, el control sobre la aplicación de las medidas de seguridad para las fumigaciones, entre otras medidas medidas destinadas al cuidado del medio ambiente y las comunidades rurales.
Estos dos funcionarios desde hace tiempo estaban en la mira de los grandes empresarios agropecuarios, quiénes habían realizado innumerables gestiones, utilizando siempre a la prensa comercial, para que se los destituyera. El hecho de que Lugo los sostenga en sus funciones a pesar del clamor de los “sectores productivos”, condujo a que el objetivo ya no sean solo estos funcionarios, sino el propio presidente Lugo, quién se mostraba renuente a escuchar a la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y sus asociados.
Después de los trágicos sucesos de Curuguaty, donde murieron campesinos y policías en las tierras usurpadas al Estado paraguayo por el empresario Blas N. Riquelme, rápidamente la UGP se pronunció públicamente exigiendo “enjuiciar a Lugo por ser corresponsable de lo ocurrido”, coincidiendo plenamente con la línea editorial asumida esos días por el diario ABC Color y los demás medios comerciales. La “oportunidad” de quitar de una vez a Lugo y por ende a todos sus colaboradores, hizo actuar rápidamente a los gremios empresariales en favor del juicio político en la mayor brevedad y con la mayor rapidez posible. En los días del enjuiciamiento a Lugo no hubo manifestaciones en las calles a favor de su destitución, solo en contra, pero los diarios sí estaban llenos de manifestaciones declarativas a favor del juicio por parte de los empresarios y sus gremios.
Federico Franco es un hombre afín a los intereses de los grupos económicos de mayor poder, como son los sojeros, ganaderos, los importadores y exportadores, el sector financiero, las multinacionales, entre otros. Las medidas que ha tomado como presidente están en dirección a desmontar los pequeños logros de la gestión anterior, para lo cual ha nombrado en Ministerios y Secretarías a personas que responden directamente a los empresarios, como el caso del consultor privado Manuel Ferreira, nombrado Ministro de Hacienda, y el empresario Jaime Ayala, como titular del SENAVE. El primero es un economista de convicciones neoliberales, que siempre se mostró opuesto a cobrar mayores impuestos a la agricultura mecanizada, la agroexportación y la ganadería, sectores a los que desde su nuevo cargo buscará potenciar aún más.
En el caso del SENAVE, Franco ha nombrado en el ente regulador a un representante de quienes deben ser regulados, el presidente de una firma de agroquímicos llamada Pacific Agrosciences, violando la propia Ley que crea dicha institución. El zorro cuidando de las gallinas, que en los hechos significará vía libre a la biotecnología y mayores negocios para las transnacionales como MONSANTO. De hecho, una de las primeras resoluciones de Jaime Ayala ha sido la habilitación del evento MON531 en el país, para el cultivo legal de algodón transgénico producido por la citada empresa norteamericana, conocido como Algodón Bollgard. De aquí en más se esperan otras medidas similares, para una mayor expansión de los agronegocios, a pesar de sus conocidos impactos negativos en la naturaleza y en las comunidades campesinas e indígenas.
Mediante el golpe parlamentario y el gobierno de facto de Franco, el SENAVE y otras dependencias gubernamentales han vuelto a ser lo que fueron bajo los gobiernos colorados: oficinas manejadas por los empresarios y las transnacionales para favorecer directamente a sus intereses y lucrativos negocios.
Fuente: Derechos Humanos y Agronegocios. Boletín Nº 13: Un Franco impulso a los agronegoci
