Pojoaju Asociación de ONG's del Paraguay
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Como Junta de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay nos sentimos muy consternados y angustiados por la gravísima situación en que se encuentran nuestros hermanos campesinos Luis Olmedo Paredes, Juan Carlos Tillería, Lucia Agüero y Alcides Ramírez Paniagua.
Queremos hacer pública nuestra más profunda solidaridad y nuestro apoyo en su lucha para reivindicar sus derechos que les son negados. La huelga de hambre es una medida extrema, el último recurso de protesta y reacción ante el padecimiento de una grave injusticia. Si estas personas han llegado a esta decisión y la llevan adelante, asumiendo sus consecuencias, es un signo claro de cómo se sienten agraviados y despojados de sus derechos por la fiscalía y el poder judicial; por una justicia que reprime y golpea a los pobres e indefensos con la máxima violencia.
Creemos que la denuncia que hacen, poniendo en riesgo sus propias vidas, no es sólo una apreciación subjetiva de estos hermanos campesinos. Las investigaciones paralelas e independientes de la masacre de Campos Morombí – Marina-cue, revelan grandes contradicciones en la versión oficial de los hechos y hacen omisiones de pruebas que claramente favorecerían a los encausados. Es notoria la percepción de que la investigación fiscal, además de casi inexistente, es parcial, no interesada en saber la verdad de los hechos, sino justificadora de una versión previamente acordada por los poderes fácticos.
Esta actuación levanta más sospechas aún sobre lo verdaderamente ocurrido en ese lugar y sobre los autores materiales e intelectuales de este trágico acontecimiento. La masacre de Campos Morombí desencadenó grandes y graves consecuencias para el desarrollo político e institucional de la república. Por su importancia, es evidente que necesita de los mejores esfuerzos y de la mayor trasparencia en su investigación. Creemos que esta investigación de los hechos tiene que reconducirse por otros caminos: con otro fiscal y con un poder judicial a la altura de lo que realmente está en juego.
Cada vez es más manifiesto que, tanto campesinos como policías, fueron carne de cañón de una siniestra trama de intereses que les cegó la vida, propició el golpe de estado parlamentario y nos hizo retroceder como país cuarenta años en nuestra historia. Esa oscura trama, con sus actores protagónicos, está a punto de golpear de nuevo con furia, porque los mismos agresores serán de nuevo los homicidas, en caso de que los campesinos mueran en la huelga de hambre.
Es imperativo buscar la verdad sobre lo que vivimos como país, colaborando activamente con el esclarecimiento de esta situación de nuestros hermanos en huelga de hambre en particular, porque, como dijo Jesús: “Sólo la verdad les hará libres” (Jn 8,32). Y a ésta no hay que temerla, sino buscarla con determinación y sin tardanza.
La vida es el bien supremo y el gobierno del estado es responsable de la defensa de la vida de los ciudadanos, por lo que la omisión a la debida atención a estos ciudadanos en riesgo de muerte constituye una falta grave de las autoridades y un pecado gravísimo ante los ojos de Dios que ha venido para “desatar las cadenas de los cautivos y dar libertad a los oprimidos” (Lucas 4, 16) y que se identifica con aquel que está preso y no le prestamos atención (Mateo 25, 36).
Junta Directiva de la Conferpar
Asunción, 21 de Noviembre de 2012.
A la opinión pública en general:
