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El Programa de Democratización y Construcción de la Paz (DCP) observa con preocupación que hasta el momento el actual gobierno no ha dado señales para avanzar hacia una reforma agraria integral que solucione de una vez el grave problema de la concentración de la tierra en nuestro país, que es la principal causa de innumerables conflictos que ha causado la perdida de centenares de vidas inocentes. En tal sentido, no se visualizan acciones concretas tendientes a resolver la problemática en su conjunto, atendiendo los factores estructurales que se encuentran en la base del injusto orden que rige en nuestro país.
El grave conflicto de tierra de Laterza Cue y el vergonzoso proceso judicial al que fueron sometidos los campesinos y las campesinas presos por la masacre de Curuguaty muestran que la respuesta estatal se ha reducido a la represión por las vías legales y violencia de las fuerzas públicas. Si bien la institución de aplicación de políticas públicas rurales, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), ha expresado un gesto importante con la declaración de la colonización de hecho para abrir una vía de solución a un conflicto que ya lleva más de 40 años, finalmente otro resorte institucional del Estado, a través del Poder Judicial, emitió una resolución que vuelve inviable la resolución del problema. Dejando nuevamente sin respuestas, sin salida y en el abandono a los luchadores y luchadoras de Laterza Cue
Asimismo, las políticas orientadas a fortalecer el avance del agronegocio en detrimento a la agricultura familiar campesina constituyen un atentado contra la soberanía alimentaria en nuestro país, reforzando la lógica de la exportación de commodities y el retroceso en la producción interna de alimentos para el autoconsumo. Situación que favorece a un pequeño grupo de privilegiados y deja en la miseria a muchas familias paraguayas.
Las principales políticas económicas del gobierno de Horacio Cartes han proporcionado sobradas muestras de una voluntad asimiladora, que no respeta la identidad ni las expectativas de los labriegos y las labriegas que consideran al campo como su mundo de vida, y no las periferias urbanas donde se profundiza el subempleo y se deterioran las condiciones para una vida digna.
Como una nucleación de organizaciones de derechos humanos comprometidas con los hombres y las mujeres que viven en zonas rurales, consideramos que la senda correcta es la concreción de una verdadera reforma agraria integral, que promueva un desarrollo equitativo y sostenible, respetando la cultura de los pueblos y el medioambiente. En este mismo sentido, también pensamos que es preciso deconstruir críticamente las ideologías del “desarrollo”, que pretenden asimilar modos de vida y culturas diversos a la única lógica del capital, sin tener en cuenta lo que las personas campesinas e indígenas desean para sí mismas, que en la mayoría de los casos es un territorio suficiente para vivir, cultivar y reproducirse como grupo social.
También consideramos necesario alertar sobre las políticas encaminadas a fortalecer un modo de producción sometido a los designios de las trasnacionales, que con sus patentes ponen en riesgo la agricultura misma y más aun la agricultura familiar campesina al pretender proscribir un principio milenario de la producción de alimentos: la selección y almacenamiento de semillas para el empleo en los ciclos subsiguientes.
Como alternativa a este modelo, proponemos la formulación de políticas públicas que tengan como propósito un modelo de producción sustentable, que fomente el arraigo, la autonomía y la capacidad para que todos los hombres y todas las mujeres de nuestro país puedan decidir sobre su propio destino y vivir con dignidad.
Programa Democratización y Construcción de Paz (DCP)
Asunción, noviembre de 2013
