Compartimos con ustedes un artículo realizado por Lilia Molinier de la organización TAPE’A.
El Fonacide está ganando más espacios en el interés de la gente y de la prensa, generando preocupación y movilización, en vista de que es cada vez más evidente que en muchos municipios los recursos no se están aplicando para la construcción, reparación y mantenimiento de las escuelas, así como tampoco para el suministro de la merienda y el almuerzo escolar, como está previsto en la ley de creación. Tampoco se sabe, y se desconfía, de la aplicación que han hecho las gobernaciones de las transferencias recibidas entre el 2012 – 2013. De ahí la pregunta recurrente ¿cuánto se ha recibido hasta ahora, y cuánto y en qué se invirtieron los recursos del Fonacide en las gobernaciones departamentales y las municipalidades?
Participar de la toma de decisión y dar seguimiento a los planes de inversión; conocer los resultados, o su ausencia a nivel local, por la acción e inacción de las gobernaciones y municipalidades, es un derecho y una obligación de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y políticas, en particular de la población local.
Pero a nivel nacional, enfocar la información sobre la aplicación de los recursos del Fonacide sólo en las transferencias a las gobernaciones y municipalidades, es hacerlo sobre una porción de la torta, el 25% del total anual, correspondiente a dichas transferencias. ¿Qué pasa con el 75% restante? El desconocimiento o la información fragmentada e incompleta sobre la totalidad de los recursos públicos y su distribución, es evidente, por lo que aquí presentamos la definición, la distribución general y desagregada de los recursos, sus destinatarios, así como algunas inquietudes para el debate y el involucramiento de la ciudadanía, por tratarse de un recurso público muy importante.
¿QUÉ ES EL FONACIDE?
Para empezar, el Fonacide es el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, creado por la Ley Nº 4.738/2012[1]. Es una fuente de recursos públicos que contiene y distribuye, con exclusividad, los ingresos generados por la hidroeléctrica binacional Itaipú, en concepto de compensación por cesión de la energía paraguaya excedente a su socio, el Brasil. Estos ingresos se han acrecentado tras la negociación y los acuerdos firmados entre los gobiernos de Fernando Lugo y Luiz Ignacio “Lula” Da Silva[2]. El incremento consistió en el aumento al triple del factor de ajuste de la compensación pagada por el Brasil, que pasó de 5.1 dólares a 15.3 dólares por MWh de energía cedida[3]. De ahí que Itaipú Binacional deposita en una cuenta especial, abierta en el Banco Central del Paraguay, los pagos efectuados por el Brasil.
LA CANTIDAD DE RECURSOS DISPONIBLES, SU DISTRIBUCIÓN Y LOS DESTINATARIOS
La suma recibida como compensación variará anualmente según la cantidad de energía hidroeléctrica cedida, pero la tendencia promedio estimada será por encima de los 340 millones de dólares anuales hasta el 2023[4], por lo que el propósito del Fondo es asignar dichos recursos anuales a los sectores socioeconómicos considerados de mayor impacto para el desarrollo socioeconómico del país, según la Ley de creación. Al mismo tiempo, establecer criterios que faciliten el monitoreo y evaluación sobre su uso e impacto.
Los destinatarios del Fonacide son cinco instancias/órganos públicos, para determinados objetivos, y las asignaciones otorgadas son en porcentajes fijos[5] (Cuadro 1):
- Tesoro Nacional, para infraestructura pública;
- Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. para aumentar la calidad de la educación y la gestión de la investigación;
- Gobiernos departamentales y municipales, para infraestructura y complemento nutricional escolar, y otras inversiones para el desarrollo local;
- AFD, para capitalizar la agencia, y
- Sistema Nacional de Salud, para aumentar la infraestructura de servicios.
Considerando estos porcentajes y el promedio anual total disponible, la distribución por sector beneficiado y suma estimada en dólares muestra que la cantidad de recursos que cada órgano o instancia beneficiada gestionará, en forma anual, es extraordinaria en relación con los recursos y la capacidad de gestión pública existente. Ante el crecimiento de los recursos, cabe mejorar y aumentar dicha capacidad.
La asignación para los gobiernos departamentales y municipales es sólo una de las cinco partidas en las que se distribuyen los recursos del Fonacide, en forma anual. La más importante, es la destinada al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), que fue creado por la misma ley del Fonacide, por lo que la denominación de la Ley es en adelante Fonacide/FEEI. Le siguen la asignación al Tesoro Nacional/Ministerio de Hacienda, para la inversión en infraestructura, y la ya indicada, destinada para los gobiernos descentralizados. La asignación para el Fondo Nacional de Salud es del 10%, transferida al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), y el porcentaje más bajo (7%), pero significativo, es para capitalizar la AFD, banco público de segundo piso, descentralizado, con vínculos con el Ministerio de Hacienda (MH).
Para dimensionar mejor la cantidad de recursos anuales asignados por el Fonacide, estimados en dólares, comparamos con los desembolsos anuales del crédito externo para proyectos de inversión pública en el Paraguay. El resultado nos muestra que los recursos disponibles en el Fonacide son superiores a dichos desembolsos anuales.
La distribución interna de cada partida asignada también está establecida por la Ley Fonacide/FEEI, para tres de las cinco partidas: el FEEI, las transferencias a los gobiernos departamentales y municipales, y la asignación para el Fondo Nacional de Salud.
En el caso del FEEI, la distribución establecida es por programas y porcentajes en rangos que varían de máximos a mínimos (Cuadro 2). Generalmente, es confundida con los programas de construcción, reparación y rehabilitación escolar, gestionado por los gobiernos departamentales y municipales, lo cual es incorrecto. Como se puede ver en el cuadro 2, el FEEI tiene incluido en el 3. Programas de mejoramiento de la oferta educativa, la construcción y rehabilitación de los espacios escolares, pero ella será gestionada por el MEC.
[1] Fue aprobada y sancionada por los Diputados y Senadores del período saliente, y promulgada el 21 de septiembre de 2012 por Federico Franco, a tres meses del golpe parlamentario que destituyó al gobierno de Fernando Lugo. Está basada en un proyecto diferente a los presentados al Congreso Nacional a mediados de 2011, por el Poder Ejecutivo, el Foro de Iniciativa Popular, y otras organizaciones e individualidades.
[2] Ver el texto completo de la Declaración Conjunta en: www.digital.com.py, edición del día 26 de julio de 2009. También se puede ver la Nota Reversal Nº 4, aprobado por Ley Nº 3.923/09, y el Congreso brasileño.
[3] A ese efecto, fue modificado el Anexo C, punto III.8 del Tratado de Itaipu, manteniéndose invariable la cuota principal de la compensación determinada por dicho Anexo, de 300 dólares por GWh.
[4] En dicho año vence el plazo de 50 años previsto en el Tratado de Itaipú para mantener sus términos, y podrá ser renegociado por ambas partes. Ver estudio: “En 13 años, Paraguay recibirá tres veces más que en 26 años. Ingreso anual hasta el 2023”, 10 de febrero de 2012. Disponible en: www.ande.gov.py/Inicio.
[5] Ley Fonacide/FEEI Nº 4.738/2012, Art. 3º
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