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Ante la Resolución N° 29664, emitida por el Ministerio de Educación y Ciencias con la firma del ministro Enrique Riera Escudero y por la cual “se prohíbe la difusión y utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y/o ideología de género, en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educacion y Ciencias”, quienes conformamos el Servicio Paz y Justicia, Paraguay manifestamos:
Rechazo a la mencionada resolución en cuanto la misma ubica al Ministerio de Educación y Ciencias como a una institución estatal que promueve la violación de normativas y principios básicos del derecho a la educación. La única coherencia que caracteriza al texto de la Resolución es la gramatical porque tanto en su contenido como en su fundamento normativo, la Resolución N° 29664 carecen del razonamiento jurídico debidamente argumentado que permita un curso de acción que consolide los principios democráticos y los principios de derechos humanos que definen al derecho a la educación, tal como lo expresa el artículo 73 de la Constitución Nacional.
Preocupación porque la Resolución, con la expresión “teoría y/o ideología de género” configura una situación que resulta la contracara de una cultura democrática. La teoría de género posee un reconocimiento académico respaldado por más de cuatro décadas de construcción de sus fundamentos filosóficos y epistemológicos en el marco de las Ciencias Sociales; contribuye de manera crítica al análisis de las condiciones que dificultan la consolidación del principio de igualdad entre las personas, y ha permitido mejorar, incluso, las estadísticas de población al incorporar criterios que permiten distinguir y diferenciar aquellas condiciones materiales concretas que muestran las disparidades de reconocimientos de derechos.
El desacuerdo con sus postulados, en el marco de una cultura democrática fundada en principios de derechos humanos, debe efectuarse por las vías y formas propias de las disputas ciudadanas y científicas como son las controversias, los seminarios, los diálogos; sin embargo, la Resolución N° 29664 puede establecer un inquietante precedente en cuanto prácticamente criminaliza un modo de pensar la realidad social desde un ministerio que precisamente se denomina Ministerio de Educación y Ciencias. Además, debe señalarse que toda restricción en el terreno de las ideas y las creencias requiere de una formulación precisa a fin de que las personas como los encargados de la ejecución puedan regular su conducta de conformidad con ella. La sola promulgación en forma de ley o reglamento nacional no es garantía de dicha precisión y claridad.
Confianza en que los técnicos y técnicas de la Dirección General de Curriculum, Evaluación y Orientación del Ministerio de Educación y Ciencias, quienes deberán emitir un informe en un plazo no mayor de 60 días, lleven a cabo efectivamente un análisis crítico y responsable “enmarcado en los principios constitucionales y legislación vigente en el país”, que incluye todos los tratados y pactos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado paraguayo.
El derecho a la educación no es derecho a cualquier educación sino a una educación en derechos humanos que se fundamenta en el reconocimiento pleno de la dignidad de la persona y del consenso fundamental que subyace a la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todos los seres humanos son personas y deben ser tratados como tales.
Servicio Paz y Justicia, Paraguay
