Las organizaciones de la sociedad civil que integran POJOAJU Asociación de Organizaciones No Gubernamentales del Paraguay, las Redes Nacionales de ONGs, las organizaciones sociales y sindicales, estudiantes, sector académico y público en general, participantes en los encuentros sobre Democracia, Estado de Derecho y Desarrollo Sustentable en el Paraguay, realizados el 01 y 13 de setiembre de 2023, en el marco de la campaña internacional “Por una justicia socioambiental y global” impulsada por el Global Call to Action Against Poverty (GCAP), han discutido y planteado las siguientes propuestas, orientadas al fortalecimiento de la democracias con enfoque de derechos socioambientales y al desarrollo sustentable en el Paraguay:
En los últimos años venimos observando que el país experimenta un constante crecimiento económico, con grandes beneficios a los sectores privilegiados de la economía como el agro negocio en manos de las multinacionales, el sector financiero, las constructoras de infraestructuras, entre otros, cuyos beneficios se concentran en pocas manos, porque no llegan a la mayoría de la población. Prueba de ello es la persistencia de los niveles de población en situación de pobreza, marginadas de los servicios esenciales y la contante tasa de trabajadores de la economía informal en tono al 65% y 70% de fuerza laboral, por lo menos en las últimas tres décadas.
Esta situación se ve agravada por la alta concentración en el acceso y posesión de la tierra por parte de sectores privilegiados, incluyendo las llamadas tierras mal habidas distribuidas durante la dictadura militar (1954 a 1989), que estaban originalmente destinadas para la reforma agraria. Como consecuencia se tiene un gran pasivo social por la expulsión de campesinos que cultivaban la tierra para autoconsumo y ahora ensanchan los cinturones de pobreza suburbana y un grave pasivo ambiental que genera deforestación, contaminación del aire por fumigación áreas (cultivos de soja), de suelo, recursos hídricos y otros efectos que contribuyen a la crisis climática que experimenta el país.
La corrupción estructural, el avance del crimen organizado, las prácticas y valores autoritarios y la precarización de las instituciones del Estado que se vienen observando con mayor énfasis en los últimos años, colocan al Paraguay en el riesgo de llegar a un indeseable Estado fallido.
Ante esta muy breve descripción de la situación del país, se reclama al gobierno paraguayo respuestas urgentes para democratizar el acceso a la tierra, fomentar la producción sustentable, conquistar la soberanía alimentaria, enfrentar la crisis climática, reducir la desigualdad social y restaurar el modelo productivo en armonía con los bienes comunes de la naturaleza.
El Gobierno debe facilitar y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales, debe aprender a valorar y apoyar las contribuciones que hacen las OSC a favor de la democracia y del desarrollo sustentable, que no buscan reemplazar al Estado, sino complementar y colaborar con el Gobierno, tanto con acciones como con sus críticas a los desaciertos y abusos del poder en detrimento de la población.
Considerando la discriminación que existe hacia la mujer, las desigualdades de ingreso y de acceso a derechos, los elevados índices de feminicidio en el Paraguay, el Estado debe promover la construcción de políticas públicas basadas en un enfoque de género que garanticen el acceso igualitario de las mujeres a oportunidades de trabajo y a una remuneración equitativa, salud, educación, entre otros.
Se propone encarar un proceso que genere un Nuevo Contrato Social, basado en el diálogo social para mejorar la búsqueda de soluciones que apunten al bien común, reducir las desigualdades, lograr un gasto público eficiente, el fortalecimiento de la capacidad fiscal del Estado para devolver a los ciudadanos sus impuestos con mejores servicios básicos. Impulsar una reforma para una mayor equidad y justicia tributaria para la ciudadanía.
Tener voluntad política y capacidad técnica para hacer una Reforma del Estado en vista a servir mejor al bien común y obtener avances en servicios públicos esenciales de calidad y universales en salud, educación, transporte, vivienda, energía eléctrica, agua, seguridad social, y servicios socio ambientales.
En el plano internacional, el Paraguay debe apoyo al multilateralismo, a los espacios de integración regional, a las políticas del Sistema de Naciones Unidas, cumplimiento de convenios internacionales, contemplando los acuerdos de la ciudadanía global y adhesión a una visión internacionalista basada en la solidaridad y soberanías de los pueblos.
El Acuerdo de Escazú debe ser ratificado por el Gobierno Paraguayo, porque representa una herramienta para la transparencia y el acceso a la información pública y la justicia en asuntos socioambientales para luchar contra los efectos de la crisis climática.
Para dar seguimiento a estas y otras propuestas destinadas a fortalecer a la democracia con enfoque de derechos socioambientales y al desarrollo sustentable de la República del Paraguay, se propone ampliar y llevar adelante espacios de diálogo periódicos con las organizaciones de la sociedad civil interesadas en consolidar mecanismos de democracia participativa.
Asunción, Paraguay, setiembre de 2023.
Coordinación Ejecutiva. POJOAJU Asociación de ONGs. del Paraguay.