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La agricultura familiar campesina es una actividad económica estratégica en todo tiempo, y más aun en tiempos de cuarentena dispuesto para buscar contener el avance del COVID 19. Esta actividad primaria permite a las familias seguir produciendo alimentos sanos para no desabastecer al mercado de modo que no falte qué comer en la mesa de los habitantes del Paraguay.
Para que esa cadena de producción y consumo no se corte es necesario que la agricultura familiar cuente con todo el apoyo y la cooperación de organismos estatales pertinentes. Entiéndase créditos, cooperación, mercado seguro, entre otros factores. Pues, se trata de una de las pocas actividades económicas que no entró en cuarentena. La producción siguió y sigue hasta ahora, pero con serios tropiezos de factores que no precisamente tienen que ver con la producción y el trabajo esforzado y sacrificado del agricultor y su familia involucrada totalmente en esta actividad.
Entre los tropiezos que encuentra la producción agrícola paraguaya está el flagelo del contrabando de productos primarios. Esta actividad no cesa, pese a los discursos oficiales, a las promesas de funcionarios encargados de verificar el ingreso de productos agrícolas a nuestro país. Esta nefasta práctica provoca innumerables perjuicios a la producción agrícola de nuestro país, y por ende a las familias que se dedican a esta actividad.
Autoridades gubernamentales han pedido y siguen pidiendo a la ciudadanía sacrificios y abstenciones para así evitar la propagación del COVID 19. La ciudadanía en cierta medida cumple con su parte. Sin embargo, en esferas del gobierno no se observa esa misma predisposición al sacrificio y al patriotismo. Gran parte del proceso de compras y contrataciones se vio salpicado con groseras e inmorales prácticas de corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno y en varios casos muy estrechamente vinculados con el jefe del Poder Ejecutivo.
La agricultura familiar campesina es de importancia estratégica en toda economía. Sin embargo, los gobiernos de turno de nuestro país, y muy principalmente los últimos, la tuvieron y la tienen excluida y abandonada.
Si bien se presentaron algunas iniciativas legislativas a favor de la agricultura familiar campesina, hasta ahora esa ley vigente no se traduce en acciones concretas que favorezcan y fomenten la agricultura familiar. Entre otras cosas, hay ausencia de fondos que sirvan de investigación para mejorar la productividad, créditos de capitalización, programas de capacitación, asistencia técnica.
La ausencia de estas prácticas muestra, una vez más, falta de políticas públicas a favor de esta importante actividad económica primaria. En consecuencia, permite que siga vigente el círculo de pobreza que involucra a la mayoría de las familias campesinas que siguen apostando a la producción de alimentos sanos para la población.
Cualquier gobierno que apuesta a cumplir la misión y el compromiso asumido de brindar seguridad y protección a la población en general y en particular a las familias campesinas, debería apostar a políticas públicas que promuevan el acceso a alimentos saludables a través de la producción agroecológica.
Recientemente el analista Fabricio Vázquez mencionaba que una de las formas de superar esta difícil situación que impone la ya larga cuarentena es aportar a brindar todo su apoyo, a través de políticas públicas, a la agricultura familiar campesina. Señalaba que como consecuencia de la situación actual miles de compatriotas han retornado al país. Eso necesariamente demanda un mayor consumo de alimentos, por lo que este es el momento de apostar decidida y patrióticamente en jugarse por la agricultura familiar, que es una actividad que no paró de producir buscando abastecer los mercados de consumo de alimentos.
La Red Rural insta al gobierno, en especial a los organismos pertinentes, a tomar conciencia de la situación y sobre todo de la importancia de atender debidamente al campesinado y así apostar a esta gran maquinaria económica que es la producción agropecuaria.
El real y auténtico patriotismo se demuestra y se practica con acciones concretas y efectivas, con conductas honestas y no con discursos, descaradas mentiras e inmoralidades como viene caracterizando en los últimos tiempos a algunos funcionarios de organismos estratégicos del Estado.
