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Comunicado del Serpaj sobre situación del joven chileno Patricio Flores en el Paraguay
En una sociedad cuya Constitución se fundamenta en la dignidad de la persona y en los valores y principios básicos de la democracia y los derechos humanos, no es aceptable que oficialmente se difunda el mensaje de que las prácticas de exigibilidad ciudadana para la garantía y respeto de los derechos, sea interpretada por las autoridades como actos que buscan “perturbar la paz pública”. Ante la situación que vive actualmente el joven chileno Patricio Flores, imputado por el fiscal Christian Bernal por perturbación de la paz pública, el Servicio Paz y Justicia, Paraguay, expresa su postura.
En primer lugar preocupación por la actitud de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en cuanto a evitar asumir responsabilidades institucionales ante las formas de procedimientos utilizados por la Policía Nacional y la decisión del Fiscal de aplicar una categoría penal sin contar con los indicios requeridos para hacerlo y, lo más inquietante, tomar una decisión que afecta derechos básicos, en este caso, del joven chileno Patricio Flores y de los estudiantes miembros de la FENAES.
La manifestación realizada por la FENAES en el interior del MEC no reúne, por sus características de hecho público, pacífico, reivindicativo puntual de derechos ligados al derecho a la educación, las condiciones para ser definido como “perturbación de la paz pública”.
Por otro lado, el procedimiento policial que derivó en la detención del joven chileno, se definió por una serie de rasgos que recuerdan los peores momentos de la represión en tiempos de la dictadura de Stroessner: policías vestidos de civil, sin identificaciones, detención en la vía pública sin la información debida y traslado en un vehículo que no contaba con ningún logo de la institución policial.
Ante estos hechos, preocupa la ausencia de posturas o al menos alguna expresiòn de interés por parte de las autoridades del MEC sobre la situación de los estudiantes directamente afectados por los procedimientos y la medida fiscal. Contrasta esta actitud con las manifestaciones emitidas por dichas autoridades cuando aluden a la educación como un derecho y un bien público, y entendiendo que todo derecho habilita a prácticas de exigibilidad ciudadanas cuando existen constantes violaciones al derecho; en este caso, la actual situación del derecho a la educación se define, entre otras cosas, por la violación reiterada e histórica del derecho al aprendizaje como producto de la ausencia de políticas públicas que disponen de los presupuestos requeridos para su implementación. El progresivo deterioro de la calidad de la formación docente, constituye, en ese sentido, una de las dimensiones más preocupantes del problema.
Precisamente la manifestación realizada por estudiantes miembros de la FENAES apuntaba a generar un espacio de diálogo con las autoridades del MEC acerca de estos problemas pero la respuesta fue la persecución policial y la resignificación de la demanda legítima por el cumplimiento de un derecho en un acto tipificado como delito por el Código Penal, sin que el hecho criminalizado reúna las condiciones del delito imputado.
Por estas razones el Servicio Paz y Justicia, Paraguay entiende que el MEC se está perdiendo una singular oportunidad para transformar en un hecho pedagógico -si efectivamente considera que la educación es un derecho- el ejercicio de la libertad realizado por estudiantes en busca de un espacio de diálogo donde conversar acerca del porvenir inmediato de un derecho clave para toda sociedad como es el derecho a la educación que reúne, al mismo tiempo, componentes de derecho político, derecho social y cultural.
No es aceptable que oficialmente se quiera difundir en una sociedad cuya Constitución se fundamenta en la dignidad de la persona y en los valores y principios básicos de la democracia y los derechos humanos, el mensaje de que las prácticas de exigibilidad ciudadana para la garantía y respeto de los derechos, sea interpretada por las autoridades como actos que buscan “perturbar la paz pública”. Más bien son los fundamentos innegociables de la sociedad, los que resultan perturbados con decisiones de autoridades que desconocen o ignoran tales fundamentos.
Asunción, 15 de octubre de 2014.
