Pojoaju Asociación de ONG's del Paraguay
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Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dio a conocer que aproximadamente más de 5 millones de personas, anualmente, sufren intoxicación debido a diferentes agrotóxicos. Se estima que de esta cifra fallecen cerca de un millón. Al mismo tiempo, en la mayoría de los casos existe un subregistro de los envenenamientos. Por lo tanto, se estima que por cada incidente notificado, hay 50 que no son identificados por varios factores que van desde, la falta de acceso a los servicios de salud por la población, las dificultades que enfrentan los médicos en la identificación de intoxicación por agrotóxicos, incluso el miedo de los profesionales de la salud a tomar dicha notificación, dado el poder de grandes productores agroindustriales en las áreas afectadas por estos químicos. Cerca del 99% de los afectados, viven en países en vías de desarrollo. Naciones Unidas considera que la tasa de intoxicaciones por agrotóxicos en los países del sur podría ser unas 13 veces mayor que en los países industrializados, por lo cual declaró a los plaguicidas como uno de los mayores problemas en el ámbito mundial.
El agro-negocio se instaló en nuestros países, corrompiendo las estructuras políticas, económicas y sociales. El actual modelo de producción agrario en América Latina fue marcado por la entrada de la llamada Revolución Verde, a mediados del siglo XX. Luego, se profundizó con el ingreso de la agricultura transgénica en los años 90, la cual requiere de agrotóxicos para existir. Si bien el uso de estos venenos inicia antes, fue en los últimos 20 años cuando se comenzaron a utilizar de forma masiva e indiscriminada.
En el año 2003, la multinacional Syngenta publicó un aviso en los diarios argentinos Clarín y La Nación bautizando con el nombre de “República Unida de la Soja” a los territorios de Sud América, en los que se sembraba soja. Integrados por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, esta región cubre en la actualidad una superficie de más de 46 millones de hectáreas de monocultivo de soja transgénica, fumigadas con más de 600 millones de litros de glifosato y provoca una deforestación, de como mínimo, 500 mil hectáreas por año, que tiene su correlato en las innumerables denuncias que se producen cada día por los daños a la salud, los ecosistemas, la agricultura y a las comunidades. Obviamente, dentro de la lógica del modelo, esta situación siempre afecta, en mayor proporción, a los grupos sociales que viven en vulnerabilidad, dependiendo de su clase, género, grupo étnico o su inserción en determinados sectores y territorios económicos, no sólo por la mayor exposición a estos tóxicos sino también por las dificultades que estos grupos tienen en reconocer, difundir lo que sucede y hacer frente a los riesgos, junto a su nula influencia y participación en los procesos de toma de decisiones que les afectan.
Según el informe, publicado en el 2012, titulado Producción de soja en las Américas: actualización sobre el uso de tierras y pesticidas, realizada por la investigadora Georgina Catacora Vargas, Brasil y Argentina son los alumnos más aplicados del modelo de agro-negocios. En relación sólo al cultivo de soja, Brasil esta como el segundo productor mundial y Argentina como el tercero. Ambos concentran el 90% de la superficie de soja de la región: 23 millones de hectáreas en Brasil, 19 millones en Argentina. Por otro lado, aproximadamente el 36% de la tierra arable de Brasil, el 59 (%) de Argentina y el 66 (%) de Paraguay están ocupadas con soja. Cabe recalcar que ya se comprobó la contaminación transgénica: en la zona de Cataratas de Iguazú, un estudio llevado a cabo por el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Renovables (IBAMA) en el Parque Iguazú confirmó que los cultivos de soja transgénica, que abundan en su zona de influencia, son la causa de la contaminación genética de diversas especies vegetales. El cultivo de soja en la zona de resguardo del parque está prohibido por ley, pero en las repúblicas unidas de los transgénicos todo es posible.
Brasil, Campeón Mundial en el uso de Agrotóxicos
Desde 2009, Brasil es el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo: adquiere el 84% de los agrotóxicos vendidos a América Latina. Por un lado las mayores empresas productoras de estos productos, tales como BASF, Bayer, Syngenta/AstraZeneca/Novartis, DuPont, Monsanto y Dow, se instalaron en el país. Al mismo tiempo importa miles de toneladas de plaguicidas prohibidos en los países que los produjeron como el caso de herbicida paraquat y del insecticida paratión metílico. En la torta de consumos de agrotóxicos mundial, Brasil consume 19% de los productos, Estados Unidos aproximadamente un 17%, y el resto de los países 64%.
Una investigación realizada por Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil) determinó que el uso de estos productos creció un 93% entre los años 2000 y 2010 a nivel mundial, pero en el caso de Brasil ese porcentaje alcanzó el 190%. Y es que en el vecino país, se da un fenómeno parecido al paraguayo y argentino: un mercado desregulado que aumenta progresivamente la superficie cultivada con transgénicos, sufriendo un aumento explosivo del consumo de agrotóxicos.
Un informe realizado por la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (ABRASCO) reveló que de los 50 productos más utilizados en los cultivos brasileños, 22 están prohibidos en la Unión Europea. El Ministerio de Salud Brasilero estima que cada año, hay más 500 mil de las personas contaminadas por plaguicidas, con cerca de 4.000 muertes por año. Las mayores empresas productoras de estos venenos, tales como BASF, Bayer, Syngenta/AstraZeneca/Novartis, DuPont, Monsanto y Dow, se instalaron en el país gracias a una política dirigida a proteger los intereses del agro-negocio y de las bancas ruralistas en el parlamento brasileño, que paradójicamente apoyan a un gobierno que había propuesto hacer cambios estructurales, tales como la reforma agraria, que hasta ahora no se produjeron.
Paraguay, impunemente fumigado
En Alto Paraná, justo en la triple frontera, niños y adultos de la comunidad Leopoldo Perrier, distrito de San Cristóbal, están sufriendo las consecuencias de la fumigación realizada a las plantaciones de canola a metros de sus viviendas.
En la escuela, los niños se desmayan con el olor, las mujeres están sufriendo abortos y mueren peces, cerdos y otros animales. Las plantaciones de canola prácticamente rodean a la comunidad y, según denuncias, son tierras que paraguayos están alquilando a colonos brasileños para el cultivo de la planta que luego se emplea para hacer biodiésel.
Un caso emblemático es el de Roberto Giménez quien realizó una denuncia, junto a la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA), por la muerte de su hijo de tres años, Jesús Giménez, quien falleció luego de siete días de padecer una extraña enfermedad, luego que se realizaran fumigaciones de las plantaciones aledañas a su hogar. Denunciaron a las autoridades del hospital, ya que se negaron a dar un diagnóstico de la muerte. Antes de realizarse la denuncia ante la fiscalía, los afectados se reunieron con el intendente de San Cristóbal. Sin embargo, el jefe comunal les dijo que dejar de emplear los avances tecnológicos y las técnicas modernas en el campo sería como retroceder cincuenta años, apoyando así la negligencia médica y encubriendo la situación de salubridad de su comunidad. Posteriormente la población afectada resistió las fumigaciones, movilizándose en forma pacífica, pero a causa de estas movilizaciones la fiscalía imputó a cuatro personas, tres de ellas parientes del niño, socios de ASAGRAPA y a su dirigente, Tomás Zayas. La Fiscalía alegó que los mismos conformaron una asociación criminal y realizaron un intento de homicidio por supuesto disparo de arma de fuego al aire. Los pobladores indicaron que ni Zayas estuvo presente en la movilización, ni que hubo disparos de arma de fuego.
Violación de todos los derechos
En Paraguay, la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción informó que el 40% de los niños cuyas madres tuvieron contacto en forma directa o indirecta con los químicos, nació con algún tipo de malformación, en la zona fronteriza con Argentina. Ya en 2007, la Mesa de Concertación para el Desarrollo Rural Sostenible (Mesa D.R.S) presentó una denuncia contra el estado paraguayo, ante las Naciones Unidas, por los atropellos a los derechos humanos de comunidades campesinas e indígenas ante el uso indiscriminado de agrotóxicos por parte de la agricultura monocultivista a gran escala. Las primeras denuncias las realizó la Federación Nacional Campesina (F.N.C), exigiendo al servicio nacional de calidad y sanidad vegetal y de semillas (SENAVE), la planilla de registro de aplicaciones de los plaguicidas de todas las empresas y establecimientos agrícolas ubicados alrededor de lindantes con los latifundios sojeros.
Por su parte, los funcionarios del ministerio de salud han negado los hechos y declarado que las muertes no se producen por causa de la aplicación de agrotóxicos. Al igual que en Argentina, la legislación es muy permisiva y es el Ministerio de Agricultura quien debería regular y hacer cumplir la ley sobre uso de agrotóxicos. Pero no solo no lo hace. Además, instiga al uso indiscriminado repitiendo “que no son peligrosos para la salud”.
El pueblo paraguayo está siendo bombardeado por venenos usados en Vietnam, prohibidos en otros países como el tordón, el 2-4-D y el parathion por nombrar algunos de los tóxicos usados en los campos de sojales paraguayos; el agua de consumo humano es casi cloacal y no hay un mínimo respeto por los pueblos originarios.
Paraguay ocupa el sexto lugar en producción de soja y el cuarto como exportador a nivel mundial. Según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) de ese país, en 2007 la pobreza extrema en el campo creció hasta un 24.4%. Según el informe realizado Red por una América Latina Libre de Transgénicos, en febrero de 2014, el incremento de la producción de soja ha significado también la sustitución de cultivos alimenticios de los que depende la soberanía alimentaria del pueblo, por la producción de un cultivo de exportación que beneficia a unos pocos (la mayoría de ellos, no paraguayos) y la desaparición de su bosque nativo y las áreas protegidas donde moran comunidades indígenas.
Un 80% de las tierras de Paraguay se concentran en un 2% de los propietarios. En el ciclo agrícola 1999-2000 se incorporó (de manera ilegal) la semilla de soja transgénica. El ingreso de semillas de soja transgénica al Paraguay es similar al del resto de los países de la región. Aunque Monsanto nunca patentó la soja RR en el país, la transnacional permitió y estimuló su introducción ilegal desde la Argentina y Brasil, para que una vez difundidas y establecidas en suelo nacional los productores empresariales paguen por el uso de la tecnología RR. A partir de ese momento, el área sembrada con soja fue posicionando a Paraguay, como uno de los principales productores y exportadores de soja a nivel mundial. Esta gran expansión de los cultivos de soja, se produjo a costa de la agricultura campesina. De las 27 mil fincas cultivadoras de soja, 45 son de empresas que cultivan más de 5 mil hectáreas, cuyas divisas no se quedarán en Paraguay, sino que van a Brasil porque el capital, la tecnología y los productores provienen de ese país. Esto se debe a que Paraguay tiene algunas “ventajas comparativas” para el agro-negocio, incluyendo el precio de la tierra donde las ocupaciones brasileñas no respetan los asentamientos campesinos, a los que arrinconan y desplazan. Al mismo tiempo, los asentamientos no están protegidos; la gente en sus viviendas queda intoxicada por las fumigaciones y los campesinos tienen que literalmente salir corriendo de sus casas. Lo mismo pasa con las escuelas. El glifosato cae en el agua, la chacra y sobre la gente. En Paraguay la mayoría de los departamentos (provincias) están afectados.
El agronegocio en el centro del Estado
En junio de 2012, en el distrito de Curuguaty -una zona rural de las más afectadas por el agro-negocio-, se produjo un violento desalojo en tierras de propiedad estatal, reclamadas como propias por uno de los terratenientes más importantes del Paraguay: Blas Riquelme. El desenlace fue la muerte de once campesinos y seis policías. Esto generó una gran campaña mediática donde se tildó a los campesinos de invasores. Luego de esto, el golpe parlamentario dado contra el presidente Fernando Lugo, el 22 de junio de 2012, estuvo atravesado por intereses del agro-negocio internacional que lucran desde hace muchos años en Paraguay, especialmente por las empresas Monsanto y Cargill. Cabe señalar que este hecho se dio luego del nombramiento por parte de Lugo de un nuevo comandante de las fuerzas policiales, involucrado como responsable del operativo en Curuguaty, que aparece recurrentemente en todas las crónicas como aditamento sobre la responsabilidad del primer mandatario en los hechos.
Antes de este acontecimiento, se estaban realizando algunas acciones contra los transgénicos, desde instituciones mismas del Estado como el Senave (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas), que un par de semanas antes había prohibido la introducción de una semilla Monsanto al país. Con el nuevo gobierno, la semilla fue liberada y el Senave comenzó a ser dirigido por un empresario de agrotóxicos, organizaciones campesinas e indígenas habían trabajado, durante dos años sobre un proyecto de ley de regularización de agrotóxicos el cual fue rechazado, y se aprobó la ley fitosanitaria, presentada por los grandes sojeros.
Luego se comenzó a trabajar desde las organizaciones en la reglamentación de ese proyecto y en las leyes de regularización de agrotóxicos en zonas donde están las casas a 100 metros a la redonda, donde están las escuelas, colegios, y se sacó por decreto una reglamentación. Reglamentación que ahora también fue borrada por este presidente del Senave. Ahora, hay vía libre para la fumigación en todas las comunidades campesinas indígenas, o sea que no existe ninguna protección en este momento.
Cargill es una de las principales empresas encargadas de acopiar, transformar y exportar la soja paraguaya. Su principal mercado es el argentino, en donde es procesada. Esta empresa ingresó a Paraguay en 1978 para la comercialización de algodón y soja. Al momento, Cargill en Paraguay se dedicaba al negocio de acopio de la producción, y su posterior transformación y exportación a Argentina, donde es importada como Cargill-Argentina. El primer puerto de la empresa se construyó en 1991. Está ubicado sobre el kilómetro uno del Río Paraná, lo que permitió intensificar su participación en el mercado de granos en el país. En 2008, inició la construcción de un segundo puerto (Puerto Unión), que entró en funcionamiento en 2011. Funciona a 500 metros río arriba de las principales tomas o captaciones de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) La comisión parlamentaria de Salud Pública advirtió sobre los posibles daños a la salud de la población.
Por su parte, Monsanto tiene el “monopoly” de casi el 100% de la soja transgénica que se siembra en Paraguay; está patentada por la empresa transnacional. El poder de Monsanto es tan grande en Paraguay, que Franco, el presidente que ocupó el poder después de Lugo, defendió públicamente a la empresa durante una misa celebrada por el obispo de Asunción.
Argentina, enferma de progreso agrotóxico
En Argentina, viven actualmente más de 13 millones de personas en áreas que se fumigan con más de 300 millones de litros de agroquímicos por año, en 22 millones de hectáreas afectadas y la dosis sigue creciendo, mientras la población enferma y muere en una descontrolada lluvia tóxica. Por su parte, la Cámara de Agrotóxicos Argentina informó que en los últimos 22 años el consumo de pesticidas aumentó 858%, mientras datos epidemiológicos oficiales revelan que, en ese tiempo, hubo un 400% más de malformaciones congénitas y 300% de patologías oncológicas. Un informe del Ministerio de Salud de mayo de 2012 confirma que las poblaciones expuestas a los agroquímicos, tienen un 30 por ciento más de casos de cáncer que en aquellas que no están. Según informó la Red de Médicos de Pueblo Fumigados, después de más de 15 años de fumigaciones sistemáticas, los equipos de salud de los pueblos fumigados detectan un cambio en el patrón de enfermedades en sus poblaciones: los problemas respiratorios son mucho más frecuentes y vinculados a las aplicaciones, igual que las dermatitis crónicas; de la misma manera, los pacientes epilépticos convulsionan mucho más frecuentemente en época de fumigación, son más frecuentes la depresión y los trastornos inmunitarios.
Se registran altas tasas de abortos espontáneos (hasta del 19%) y aumentó notablemente las consultas por infertilidad en varones y mujeres. Los rebaños de cabras de los campesinos y originarios registran, en algunas zonas, hasta un 100% de abortos vinculados a la exposición con pesticidas. Se detecta también un aumento de trastornos tiroideos y de diabetes. Cada vez, nacen más niños con malformaciones en estas zonas, especialmente si los primeros meses del embarazo coinciden con la época de fumigaciones. Síndromes de Down, mielomeningoceles, cardiopatías congénitas, etc. (entre otras) se diagnostican con frecuencia en estas áreas.
En el caso de Misiones, zona fronteriza con Parguay y Brasil, el Hospital Provincial de Posadas comprobó que incluso la población no expuesta tiene al menos 15 agroquímicos circulando en sangre, con el agravante de que sus efectos combinados no se conocen, ya que se sabe cómo actúa el glifosato, pero no cómo lo hace si se combina con el herbicida 2-4-D. Lo que sí sé sabe es que este es uno de los componentes del agente naranja que usaron los norteamericanos en Vietnam y que hay muchos más pacientes con malformaciones en la zona.
Aun así, las denuncias sobre los efectos de los agroquímicos, utilizados en la explotación de cosechas de alta rentabilidad, suelen perderse entre la polémica. A pesar de todas las denuncias hechas por los vecinos, la información recopilada en los Encuentros de Médicos de las facultades de medicina de Córdoba (2010) y de Rosario (2011), y todos los datos científicos que demuestran la toxicidad de los pesticidas, el Gobierno sigue apostando a aumentar la producción agraria con el mismo modelo. Del sector empresario, académico y gubernamental, que defienden a la agricultura química, se sigue insistiendo que no hay pruebas suficientes. Las grandes empresas nucleadas en CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) niegan que estos productos sean tóxicos, si se usan de acuerdo a las instrucciones y al “uso responsable”.
Fuente: Ecoportal.net
