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«Extraído de: Resumen Latinoamericano / 29 de agosto de 2018 / Escrito por Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas»
Se está desarrollando una crisis global. La rápida expansión de proyectos de desarrollo en tierras indígenas sin su consentimiento previo está impulsando un drástico aumento de la violencia y el acoso legal contra los pueblos indígenas.
Cientos de casos de “criminalización” desde casi todos los rincones del mundo han sido revelados creando señales de alarma. Estos ataques, ya sean físicos o legales, son un intento de silenciar a los pueblos indígenas que se oponen a proyectos que amenazan sus medios de subsistencia y sus culturas.
El nuevo informe de Tauli-Corpuz encuentra un patrón de abuso. A menudo, el sector privado actúa en complicidad con los gobiernos para desplazar a los pueblos indígenas de sus tierras por cualquier medio necesario para dar paso a proyectos de infraestructura, agricultura, minería y de extracción.
Según Front Line Defenders, el 67% de los 312 defensores de los DDHH asesinados en 2017 estaban defendiendo sus tierras, el medio ambiente o los derechos indígenas, casi siempre en el contexto de proyectos del sector privado. Alrededor del 80 % de los homicidios ocurrieron en solo cuatro países: Brasil, Colombia, México y las Filipinas.
Estos asesinatos casi siempre ocurren en el contexto de continuas amenazas contra comunidades enteras. El primer paso es típicamente las campañas de difamación y los discursos de odio que caracterizan a los pueblos indígenas como “obstáculos para el desarrollo”, o en el peor de los casos, como “terroristas” o “matones”.
Luego vienen órdenes de arresto por cargos inventados, que a veces se dejan deliberadamente pendientes para que las comunidades vivan bajo una amenaza perpetua. Cuando los líderes indígenas son arrestados, a menudo permanecen en la cárcel durante años en espera del juicio. En muchos de los peores casos, el militarismo, la legislación antiterrorista y los “estados de emergencia” se utilizan para justificar una creciente violencia física.
»Yo misma fui puesta en una lista de terroristas del gobierno de las Filipinas en represalia por abogar por los pueblos indígenas de Mindanao» expresa Victoria Tauli-Corpuz, quien escribe el informe, acerca de estos pueblos de los cuales muchos ya han sido desplazados por la creciente militarización. Aunque el caso en su contra ha sido desestimado, todavía permanecen muchos otros en la lista que han sido falsamente acusados y cuya seguridad está amenazada, incluida la activista indígena desde hace mucho tiempo, Joan Carling.
Al mismo tiempo que los sistemas de justicia se utilizan como “armas” contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos, existe una impunidad generalizada para quienes cometen actos de violencia contra los pueblos indígenas.
En la raíz de esta crisis mundial está el racismo sistemático y la incapacidad de los gobiernos para reconocer y respetar los derechos indígenas territoriales. Los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen consuetudinariamente más del 50 % de la tierra del mundo, pero solo tienen derechos legalmente reconocidos del 10%. Esto permite que los gobiernos los declaren como “ilegales” en las tierras en las cuales han vivido y que han protegido durante generaciones.
A pesar de los increíbles riesgos, los pueblos indígenas siguen levantando sus voces. Continúan defendiendo sus formas de vida, sus comunidades, las tierras y bosques de los que depende toda la humanidad.
Es hora de que los líderes mundiales escuchen. Deberían haberlo sabido.
