La ONG asociada Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya CADEP presentó entre sus últimas investigaciones el documento Alimentación escolar en Paraguay y el desafío de una adecuada implementación elaborado por Fernando Ovando. Esta investigación analizó el Programa de Alimentación Escolar de Paraguay (PAEP) y el nivel de ejecución de su presupuesto.
La investigación realizó una revisión de los documentos públicos oficiales generados por las entidades públicas administradoras, de distribución y control de los recursos, es decir, gobiernos departamentales, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República (CGR). Además, se solicitó información adicional a las instituciones involucradas.
El nivel de ejecución presupuestaria del PAEP experimentó una mejora significativa durante los últimos años, de 88,4% en 2014 se incrementó hasta 92,1% en 2017. Sin embargo, existen diferencias importantes entre las Gobernaciones con niveles de ejecución muy bajos. En 2017 las Gobernaciones de Guairá, Boquerón y Caaguazú registraron las ejecuciones presupuestarias más bajas, con 50,7%, 75,6% y 85,8%, respectivamente.
El hecho de que la ejecución del presupuesto en determinada Gobernación sea elevada no implica que la cobertura lo sea. En cuanto al desayuno y/o merienda escolar a nivel país, la cobertura en cantidad de alumnos beneficiados apenas llega a 63% y significa que en 2017 más de 425 mil alumnos no recibieron el desayuno y/o merienda escolar. La limitada cobertura se agrava en departamentos como Guairá, Cordillera y Paraguarí que apenas cubren el 45,2%, 52,2% y 54,7% de sus alumnos, respectivamente. Por otro lado, la mayor cobertura se registra en Asunción, Pte. Hayes y Caaguazú con 78,6%, 77,4% y 70,9%, respectivamente (Cuadro 2). El nivel de cobertura del almuerzo escolar es mucho menor aún, a nivel país apenas alcanza al 25,6% de los alumnos y deja fuera del beneficio a más de 856 mil alumnos. La cobertura es mínima en San Pedro, Alto Paraná y Central con 11%, 11,7% y 12,4%, respectivamente.
Entre enero de 2018 y julio de 2019 se realizaron trescientas cuarenta y dos adjudicaciones para alimentación escolar, incluyendo a todas las Gobernaciones, Municipalidades y al Ministerio de Educación y Ciencias. El valor de todas estas adjudicaciones en ese periodo fue superior a 174 millones de dólares. Los datos revelan una elevada concentración de las adjudicaciones en pocas empresas, el 87% (151 millones de dólares) del valor adjudicado se concentra en apenas veinte empresas.
Entre las principales conclusiones se resalta:
• El dinero destinado al PAEP representa el 0,27% del PIB, siendo uno de los programas más importantes del Estado junto con el programa de pensiones no contributivas “Pensión a Adultos
Mayores” que representa 0,36% del PIB y el programa de transferencias monetarias condicionadas “Tekoporã” con 0,16% del PIB.
• El actual mecanismo de distribución de los fondos no tiene relación con las necesidades de los alumnos. Por tanto incrementa las brechas territoriales y la desigualdad, los departamentos más pobres reciben menos fondos para alimentación escolar.
• Los recursos insuficientes favorecen una distribución arbitraria hacia las escuelas, no se respetan los índices de priorización de las escuelas con mayores necesidades de infraestructura y alimentación.
• El PAEP no cumple con los principios para los que fue creado. En desayuno y merienda hay Departamentos donde menos de la mitad de los alumnos es beneficiado. En cuanto al almuerzo hay departamentos donde el porcentaje de beneficiados apenas llega al 11% de los alumnos. Si se mide la cobertura en días, hay departamentos que sólo un tercio del año escolar cubren el almuerzo.
La investigación señala que urge diseñar una metodología para distribuir los recursos que incorpore tasas de matriculación, tasas de analfabetismo, déficit nutricional de los alumnos y por sobre todo una priorización a los territorios que tengan tasas de pobreza y extrema pobreza más elevadas. Además indica que se debe imponer sanciones o restringir la transferencia de los recursos a los gobiernos locales cuando no cumplen con lo estipulado en la ley y retrasan los procesos de provisión de los alimentos.
El material está disponible en la página web del CADEP para su descarga gratuita.