Lo que en otras latitudes, no es más que una cuestión de trámite y demostración de calidades. En Guatemala, y en general en Centro América -con sus matices- es un asunto complejo y de múltiples aristas. Me refiero acá, a la gestión de fondos púbicos por parte de ONG de desarrollo.
Lo que en otras latitudes, no es más que una cuestión de trámite y demostración de calidades. En Guatemala, y en general en Centro América -con sus matices- es un asunto complejo y de múltiples aristas. Me refiero acá, a la gestión de fondos púbicos por parte de ONG de desarrollo, utilizo en el análisis dos aristas, que a mi juicio expresan las complejidades del asunto: a) el uso clientelar de los fondos públicos, y b) la tradicional confrontación Estado-Sociedad, del cual las ONG Históricas hemos sido parte activa. La primera arista, está atada a la secular debilidad de la institucionalidad pública, en nuestros países.
La segunda a nuestra historia de dictaduras y resistencia. Sin embargo, ésta varía, según la orientación política del gobierno en turno, su concepción sobre las ONG y la actitud más o menos crítica que estas tengan en relación a la gestión gubernamental. Ambas aristas, determinan imaginarios y formas de relación “precavidas” entre fuerzas sociales y la representación del Estado.
En ese marco, la cuestión de la transferencia de fondos públicos a ONG, en la región, ha surgido como un sistema perverso, de para-política, cuyo fin último es clientelar y corrupto, la cuestión no existiría, sin el concurso de: Alcaldes, Diputados Nacionales y funcionarios del Ejecutivo, a los cuales, la figura jurídica de ONG les ha resultado oportuna para intentar perder el rastro de los fondos; el mecanismo es sencillo: las ONG son entes de derecho privado, y en tal calidad son utilizadas para evadir la fiscalización que la Contraloría de Cuentas de la Nación, ejerce sobre la institucionalidad pública. Sin embargo lo correcto sería que todo ente individual o colectivo que administre fondos públicos –como dice la ley en Guatemala- este sujeto a fiscalización estatal, mandato que se elude, de forma descrita.
Lo cierto es que la Contraloría de Cuentas tiene escasos recursos para fiscalizar al Estado y quizá eso explique el por qué no llegan a las “ONG” que administran fondos públicos. Un agravante, que regularmente se soslaya, es que estas “ONG” –utilizadas para esquilmar presupuesto público- generalmente están constituidas por sobrinos, primos, amigos o amigas, del funcionario gestor.
¿Qué proponemos las ONG históricas para superar el problema? Crear institucionalidad pública proba y capaz técnica y políticamente, que actúe como mecanismo contralor de concursos públicos, en donde las ONG interesadas puedan ofertar en igualdad de condiciones y sean adjudicados los proyectos o financiadas las propuestas, sobre criterios de calidad y excelencia.
Por esta razón, colectivos de ONG en Guatemala, dentro de otros: Coordinación de ONG y Cooperativas -CONGCOOP-, Asociación de Entidades de Desarrollo y Servicios Social, -ASINDES- y el Movimiento Tzu kin Pop, con el apoyo de la Mesa de Articulación de Plataformas Nacionales de ONG de América Latina estamos generando una propuesta de ley que regule la materia y evite la discrecionalidad al funcionario público, en la asignación de los recursos.
Helmer Velásquez es director ejecutivo de CONGCOOP – Guatemala.
Fuente:
Helmer Velásquez es director ejecutivo de CONGCOOP – Guatemala. Foto: http://www.prensalibre.com/
Fuente: Mesa de Articulación