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Se presentan a continuación el pronunciamiento del captulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD) sobre la anulación del convenio marco entre el Gobierno boliviano e IBIS Dinamarca.
Con preocupación y sorpresa hemos conocido la noticas de la expulsión de la organización Ibis que desde hace mucho tiempo viene desarrollando labores en favor de la población más desfavorecida.
Como es de público conocimiento, al igual que otras organizaciones, Ibis ha centralizado el foco de sus acciones en el fortalecimiento de los pueblos indígenas, tarea en las que han participado muchas personas que hoy cumplen funciones de responsabilidad en el gobierno central y conocen muy bien la naturaleza de las acciones de Ibis sin que se hayan manifestado en contra de las mismas, lo cual constituye un aval en sí mismo.
Al parecer la expulsión de Ibis responde más bien a intereses de grupo antes que al cumplimiento de las leyes vigentes, por tanto es un atropello a la normativa misma y a los derechos contemplados en la CPE y por lo mismo es una actitud de exceso de autoridad que hoy afecta a una organización que ha prestado apoyo al proceso que vive el Estado Plurinacional de Bolivia en diferentes aspectos y de consolidarse la determinación, mañana podría afectar a cualquier otra creando así un clima de incertidumbre y abuso. Es necesario que los responsables de cuidar la aplicación de las leyes distingan con claridad a quienes son los verdaderos enemigos, quienes infringen la ley y dirigir sus acciones hacia ellos, evitando desarrollar actitudes que se asemejan a las de gobiernos dictatoriales del pasado.
Por lo señalado anteriormente, el CBDHDD manifiesta su condena al atropello y solicita al gobierno revertir esa medida como una señal de aplicación correcta de las leyes y en caso necesario proceder a la investigación exhaustiva de los hechos para identificar responsabilidades de quien o quienes hayan podido incurrir en acciones que estén al margen de las normas que rigen la vida institucional del Estado, respetando a las organizaciones que se desempeñan en el marco
de la legalidad y el estado de derecho.
No se puede admitir que intereses de grupo se impongan sobre la institucionalidad, proyectando una imagen de inseguridad y prepotencia que no hacen sino dañar a las poblaciones que reciben el apoyo para su fortalecimiento y desarrollo.
En la seguridad de que la vigencia del estado de derecho será respetado a plenitud, pedimos a las otras redes de organizaciones manifestarse en respaldo a esta solicitud y así contribuir a generar la armonía partiendo del mutuo respeto en esta sociedad profundamente democrática.
La Paz, diciembre 2013.
DIRECTORIO DEL CBDHDD.
